El INE y la democracia subnacional
La creación del Instituto
Nacional Electoral (INE). El surgimiento del INE en 2014, responde a una crisis de legitimidad de los procesos electorales de las entidades federativas que cuestionaba la independencia y la imparcialidad de los institutos encargados de la organización electoral. Frente a esta realidad, se buscó otorgar mayor autonomía, credibilidad y confianza a los comicios locales a través de la coordinación del entonces novedoso órgano nacional con los denominados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Sin embargo, la propuesta de solución resulta paradójica porque, en teoría, la democracia llevaría a la descentralización de las instituciones electorales y a la simplificación del sistema electoral para que descanse cada vez más en los ciudadanos y no en un gran aparato burocrático. Además es insuficiente para resolver el problema de la democratización en las entidades donde prevalecen regímenes con distintos niveles de rasgos autoritarios cuya superación demanda reformas que trascienden por mucho a la materia electoral.
Los regímenes híbridos en el ámbito subnacional mexicano.
Existe un desfase en los procesos de democratización que ocurren en el ámbito nacional y subnacional. En el primer caso, a lo largo de los últimos 40 años, se han introducido una serie de reformas constitucionales y legales cuyo objeto ha sido el desmantelamiento del régimen hegemónico, principalmente a través de garantizar el pluralismo y fortalecer el Poder Legislativo frente al Ejecutivo a fin de dotarlo de mayores posibilidades de control. Desde luego, aún queda un camino largo por recorrer en este sentido, pero los avances alcanzados son innegables.
En cambio, en el mayor número de las entidades federativas existe lo que algunos autores han llamado regímenes híbridos y que se caracterizan por estar atrapados entre un sistema democrático y otro que no lo es. Estos híbridos surgen de un sistema previo caracterizado por la presencia de un partido hegemónico que existió desde varias décadas anteriores y que permitía a los gobernadores tener el control absoluto, siempre y cuando comprometieran su lealtad con la Presidencia de la República.
Con el fortalecimiento de la democracia electoral, la designación de los gobernadores dependió en menor medida del Ejecutivo Federal y en mayor del resultado de las elecciones, lo que trajo como resultado que se extendieran las alternancias entre los partidos que resultan ganadores en los comicios locales. Sin embargo, ello no ha significado la desaparición de prácticas políticas vinculadas con el autoritarismo. Muestra de ellas son la presencia de familiares de los gobernantes en las legislaturas y en las presidencias municipales y los diversos casos de corrupción que se han conocido a través de los medios de comunicación.
Estos regímenes también se caracterizan porque los diseños institucionales permiten a los titulares de los ejecutivos controlar los Poderes Legislativo y Judicial como si no tuvieran oposición. Así sucede en estados donde los gobernadores cuentan con amplias mayorías en los congresos que no se corresponden con los porcentajes de votos obtenidos por sus partidos políticos. Y, posteriormente, esas mismas mayorías designan a los magistrados de la entidad a propuesta de aquél.
Además, aunque faltan las formas más evidentes de represión política, persiste la existencia de medios no violentos de coacción, persuasión e instigación que han permitido a algunos gobernadores avasallar las instituciones electorales en los estados —por ejemplo a través del presupuesto— e incluso a la prensa y otros medios de comunicación.
¿Puede el INE resolver la problemática anterior?
Mi opinión es que no, para democratizar los híbridos es necesario más que una reforma electoral. Entre otras cosas se requiere garantizar que el pluralismo existente en los estados se refleje en los órganos parlamentarios para que las oposiciones puedan consolidarse y sean un verdadero contrapeso de los gobernadores. También urgen diseños institucionales que delineen la colaboración entre los poderes públicos de manera que los poderes legislativos tengan mayores facultades de control sobre los ejecutivos y los judiciales sean más independientes de ambos. Lo verdaderamente importante es impedir el abuso de poder. Después deberíamos simplificar el sistema electoral para que descanse cada vez más en los ciudadanos y menos en grandes estructuras estatales. Consejero electoral de la CDMX