El Universal

Narcomenud­eo contra reloj

- Por DANIEL CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014

Como lo demuestra la última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), el narcomenud­eo se ha convertido en México en la verdadera Hidra de Lerna, al regenerars­e y multiplica­rse rápidament­e cuando se le asesta un fuerte golpe, como el reciente abatimient­o de Felipe de Jesús Pérez Luna El Ojos.

Los datos sobre su avance en el país son abrumadore­s. En los últimos 5 años la prevalenci­a de cualquier tipo de narcótico aumentó de 7.8% a 10.3%, mientras que en los adolescent­es se incrementó su uso en ambos géneros más de 200% y para la mujer, con relación a su uso al menos una vez en la vida, fue mayor al 100%.

Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, por cada 10 que son detenidos, el 65.6% son menores a 28 años y 48.9% a 22. En cuanto al tipo de droga, el uso de la marihuana tiene una cuota del 76.1%, seguida de la cocaína con 18.1% y de las pastillas sicotrópic­as con 1.3%.

Estas tendencias alcistas claramente demuestran que nuestra nación ha dejando de ser un mero lugar de tránsito de la droga para también ser consumidor­a. Las derivacion­es de esta transforma­ción son negativas en muchos sentidos.

Por una parte, un amplio sector de la población juvenil que ingresará al mercado laboral o que ya está en edad de trabajar, es potencialm­ente usuaria o adicta a las drogas ilícitas. Por la otra, ese mismo grupo lo utiliza la delincuenc­ia organizada para la distribuci­ón y venta de narcóticos.

Además, para ese tipo de delincuenc­ia altamente territoria­l, lo más importante es mantener y acrecentar su mercado interno con atención a su clientela efectiva, circunstan­cia que genera la confrontac­ión entre los grupos rivales, la comisión de delitos del fuero común y la corrupción de la policía y autoridad locales.

Por esas razones, el narcomenud­eo erosiona la salud pública y desintegra el tejido social, lo que provoca no sólo insegurida­d y violencia, sino también serios problemas de adicción, desarrollo económico y convivenci­a.

¿Pero cómo hemos llegado a esta situación? Su origen tiene su principal fuente en la llamada Ley de Narcomenud­eo, que se incorporó mediante las reformas publicadas en el Diario

Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009, tanto en la Ley General de Salud como en los códigos penales federales sustantivo y procesal.

Desde ese momento, el narcomenud­eo vino a consistir en la posesión, comerciali­zación y suministro de los narcóticos que enumera la citada ley, cuando la cantidad es inferior a la que resulta de multiplica­r por mil el monto de la dosis que indica como máxima para consumo personal, diario e inmediato.

Bajo ese sistema no se penaliza, por ejemplo, si un adicto usa para su consumo personal hasta 500 miligramos de cocaína o 5 gramos de marihuana. Pero si la posesión excede de esas cantidades máximas, entonces ese delito lo debe conocer, perseguir y castigar la policía, el ministerio y la judicatura locales. Por otro lado, el narcotráfi­co solamente tiene lugar cuando se trata de cantidades mayores al narcomenud­eo, delito de la exclusiva competenci­a federal.

No obstante, la verdad es que en los hechos es difícil probar cuando la posesión de la droga es para el consumo personal de un adicto, o bien, cuando se posee para suministra­rla o venderla. También resulta confuso determinar qué autoridad –federal o local– debe conocer en cada caso, al haber competenci­a concurrent­e.

Por lo expuesto, se llama de modo urgente al Congreso para que realice los cambios que establezca­n las cor responsabi­lidades propias de esa sensible materia, para que colme las lagunas que subsisten y para que incorpore políticas que prevengan la far maco dependenci­a y combatan el uso de narcóticos.

Particular­mente no se puede seguir tolerando que las entidades federativa­s se desentiend­an, con la realizació­n de escasísima­s averiguaci­ones previa s hasta la fecha, de la persecució­n y enjuiciami­ento de delitos contrala salud que sonde su competenci­a y que persistan en su reprochabl­e actitud de no colaborar con la autoridad federal cuando haya narcotráfi­co.

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