Reconstrucción transparente, abierta y ciudadana
Entre el dolor, el miedo, la esperanza y la generosidad vivimos los sismos que se convierten en un duro reto para todos los mexicanos. Marcará sin duda a nuestro país, y no es para menos por las pérdidas de vidas humanas, por las miles de construcciones afectadas, por las viviendas derrumbadas o por reconstruir y por la fuerza demostrada del pueblo de México.
En efecto, muchas vidas se salvaron gracias al heroísmo de miles de valientes jóvenes, de hombres y mujeres voluntarios, soldados, marinos, policías y rescatistas mexicanos y de naciones amigas. Todavía hay muchos que siguen apoyando en comunidades, centros de acopio, servicios profesionales, universidades, iglesias y organizaciones civiles en distintos lugares.
Apareció lo mejor y lo peor porque no faltaron los que aprovecha ron para cometer robos o trataron de controlar la ayuda. Todos somos mexicanos, decíamos, pero algunos políticos se enfrascaron en una patética subasta de “donativos” de recursos que en realidad son del pueblo, y que ahora hasta organizan “fideicomisos” para ir repartiendo dinero de la gente en sus mítines. Esa manera de hacer política debe quedarse en el pasado.
También es cierto que —viviendo en un país con zonas sísmicas— los sismos nos tomaron poco preparados en muchos sentidos. De entrada, en el presupuesto: para el 2017 se redujo el presupuesto de desastres naturales, pero para publicidad y gasto corriente para frivolidades y moches… para eso sí hubo dinero. Y, por si fuera poco, el PEF del 2018 redujo todavía más el presupuesto para desastres naturales. Y eso que se presentó al día siguiente del primer temblor. Es decir, en la mañana de la presentación pudieron haberlo arreglado. La reacción es lenta y mala cuando se confunde la prioridad del país con otras.
Es la hora de un Plan de Reconstrucción Nacional. Y obviamente tiene que ser transparente y abierto al escrutinio y participación de la sociedad. Aquí no hay espacio para constructoras amigas, conflictos de interés ni socavones de corrupción, ni tampoco para fideicomisos “supervisados” por amigos o carnales.
He puesto a discusión de la sociedad la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción para reconstruir las comunidades afectadas y además generar un círculo virtuoso de mejores ciudades y mejores empleos. El Fondo sumará los recursos del gobierno, do nativos internacionales y también de empresas y ciudadanos que quieran ayudar, incluyendo aquellos que ya se están proponiendo.
Por la desconfianza que tienen los ciudadanos de que los recursos aportados no lleguen a su destino, el fondo debe ser completamente transparente y apartidista. Debemos decidir junto con los afectados en qué usar el dinero y asegurar que la sociedad vigile la aplicación de cada peso.
El gobierno tiene que ser el primero en apretarse el cinturón para aportar a ese fondo. Es hora de acabar con el financiamiento público a partidos políticos (que ofrecieron el 100%), también de acabar con el inútil gasto en publicidad del gobierno y el infame “fondo de moches” de los diputados. Que la reconstrucción sirva como antídoto para poner punto final a muchas vergüenzas presupuestales.
Parte de los recursos debe usarse para que se haga justicia. La corrupción debe tener consecuencias.
Cuando los pueblos enfrentan la tragedia, tratan de darle un significado para sobreponerse al dolor. Lo que hemos vivido en septiembre nos puede recordar mucho el dolor pero también el orgullo y la esperanza de una sociedad más activa y organizada que frena el abuso de los políticos del pasado y construye un México fuerte, solidario y justo. POR CIERTO: La iniciativa del Frente no fue bien estudiada y mucho menos discutida en sus partidos —lo cual parece no importarle a nadie—. Es una iniciativa electorera y demagógica, y sólo se hará efectiva... cuando la apruebe el Congreso. Es decir, va para largo. Tampoco quita el“fondo de moches” que tanta corrupción ha ocasionado, por lo menos en el PAN. Con los moches, los partidos políticos desvían y se corrompen. Se les olvidó.