La ley frente a los sismos
Quedar sin casa de la noche a la mañana es por sí misma una situación de angustia e incertidumbre. Actualmente en el país hay familias que se encuentran en esa condición por los sismos del mes pasado. La ley y su correcta aplicación puede ser un apoyo fundamental para ofrecer un mejor futuro a esas miles de personas.
Hay muchos casos en los que los inmuebles que habitaban estaban nuevos o tenían pocos años de haber sido ocupados. Situaciones como esas tienen que investigarse y deslindarse las responsabilidades de manera transparente.
Después del rescate y de pasada la primera emergencia, es hora de reconstruir, pero también de aplicar de manera estricta la ley contra aquellos desarrolladores de viviendas que pudieron incurrir en irregularidades, en contubernio con funcionarios.
EL UNIVERSAL ha documentado ejemplos de edificaciones nuevas que se derrumbaron a pesar de que el reglamento de construcción se ha endurecido de manera constante desde los sismos de 1985. Existen ya denuncias contra constructoras por haber empleado materiales de baja calidad y las compañías argumentan lo contrario. Puede haber muchos factores que incidieron en la caída de inmuebles. Es precisamente por ello que se requiere una investigación transparente de la autoridad.
En principio, de acuerdo con información que dio a conocer Profeco, cualquier constructora debe ofrecer una garantía de 5 años para quienes hayan adquirido algún departamento nuevo. Por lo tanto, si un inmueble sufrió daños estructurales por el sismo y la parte vendedora no quiere asumir la responsabilidad, es posible acudir ante la dependencia para interponer una denuncia.
Un caso en el que la investigación será fundamental es en el Colegio Rébsamen, plantel colapsado el 19 de septiembre, donde murieron menores de edad. EL UNIVERSAL dio cuenta de la forma en que la construcción fue agrandándose para dar paso a un departamento, justo arriba de los salones de clase. Esa área fue la que se vino abajo totalmente. ¿Ninguna autoridad supervisó la expansión del inmueble?
Otro aspecto en el que la normatividad será clave ante la emergencia, es el de la simplicidad. Es necesario eliminar tramitologías para que los damnificados tengan acceso a ayuda y a la posibilidad de contar con un nuevo hogar lo más pronto posible. En la Ciudad de México, el gobierno local anunció que emitirá una ley de atención y reconstrucción para que no sea necesario esperar hasta 3 meses para iniciar trabajos de demoliciones. Se apostará a ventanillas únicas para atender ese tipo de contingencias.
No hay mejor forma de ayudar a los damnificados que adecuar la norma para agilizar procesos y que cualquier investigación que se inicie se apegue de manera estricta a la ley.