No al financiamiento privado
Registré en los libros de contabilidad 12 millones de dólares para el candidato a gobernador,” declaró el contador de Los Zetas, Juan Carlos Hinojosa, en el juicio que durante 2013 tuvo lugar en la ciudad de Austin, Texas, en contra de Francisco Colorado Cesa, responsable de lavar cantidades enormes de dinero para ese grupo criminal.
El gobernador al que hizo referencia ese testigo era Fidel Herrera Beltrán, quien gobernó el estado de Veracruz entre 2004 y 2010.
José Luis Abarca Velázquez realizó aportaciones importantes para la campaña del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Financió también, con recursos propios, el total de gastos para su campaña como presidente municipal de Iguala.
Hoy José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, cargan con varias acusaciones penales relacionadas con narcotráfico, asesinato y desaparición forzada.
En investigación encomendada por el Comité Ejecutivo del PRD al senador Pablo Gómez sobre el señor Abarca y su esposa, se concluye como “algo por entero anómalo” que el financiamiento a la campaña del ex presidente municipal se haya realizado exclusivamente con recursos privados.
Rodolfo David Dávila Córdova, operador del Cártel de Juárez, conocido como El
Cónsul, aportó dinero a las tarjetas bancarias utilizadas por el PRI durante la campaña presidencial del 2012 (Monexgate). El aporte económico quedó registrado ante el entonces Instituto Federal Electoral.
El candidato panista al gobierno de Coahuila en 2017, Guillermo Anaya, fue también acusado de lavar dinero mediante el uso de tarjetas de nómina financiadas con recursos privados ilegales.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) continúa investigando a varios candidatos a gobernador que participaron el pasado 4 de julio de 2017 porque pudieron haber usado recursos de procedencia ilícita relacionados con el narcotráfico. La Fepade concentra esfuerzos en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
Juan Armando Hinojosa Cantú aportó importantes recursos para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Durante la presente administración sus empresas han obtenido obras por un valor superior a los 50 mil millones de pesos. Se trata de un volumen nunca antes observado en su trayectoria.
Anuar y Luis Maccise fueron también donantes para la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012. A partir del año siguiente Nutriwell, una empresa de su propiedad que vende alimentos procesados, se convirtió en una de las principales proveedoras para los desayunos escolares que proporciona el sistema DIF. En lo que va del sexenio se calcula que logró ventas al gobierno por más de mil millones de pesos.
La diputada Eva Cadena Sandoval recibió dinero de un grupo de empresarios para financiar la campaña de Morena en el estado de Veracruz. La PGR persigue a esta legisladora por haber captado y ejercido recursos sin reportar a la autoridad electoral.
En 2004 el constructor Carlos Ahumada financió campañas del PRD a través de los operadores René Bejarano y Carlos Ímaz. Antes y después de esos generosos donativos obtuvo contratos millonarios del gobierno de la ciudad de México.
Se termina el espacio asignado a esta columna, pero no la colección amplísima de casos donde recursos privados de naturaleza ilegal han entrado a las campañas políticas de TODOS los partidos durante los últimos años.
El intercambio en cada caso es contrario al interés público y la democracia. La mayoría de los narcotraficantes y los empresarios que aportan dinero a las campañas lo hacen porque tienen intereses inconfesables.
Fue un error de la reforma electoral de 1996 dejar abierta la ventana para el financiamiento privado de campañas. Contrario a la propuesta que hacen hoy algunos líderes de los partidos, en México hay suficiente evidencia como para clausurar de manera definitiva la vía privada de financiamiento porque es una amenaza creciente para nuestras instituciones.
ZOOM: Es falso que el financiamiento privado no cueste a los contribuyentes porque las aportaciones que los empresarios hacen a las campañas son deducibles de impuestos y por tanto es dinero que no llega a las arcas de Hacienda.