Blindan a familia de fotoperiodista
• Tras asesinato de Édgar Esqueda, DH local urge a activar mecanismos de protección para reporteros
San Luis Potosí.— La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito (Ceeav) otorgó ayuda, acompañamiento y protección a la familia del fotoperiodista asesinado, Édgar Daniel Esqueda Castro.
El jueves pasado hombres que se identificaron como policías ministeriales, entraron al domicilio del periodista y por la fuerza lo sacaron de su habitación en presencia de su familia, incluso después regresaron por sus teléfonos. Un día después fue encontrado muerto.
Ayer, el presidente de la Ceeav, Jorge Vega Arroyo, explicó que personal de primer contacto de la Comisión visitó a la familia, después del lamentable hecho, y les otorgó ayuda con los servicios funerarios, asesoría jurídica, atención sicológica y acompañamiento en todo momento.
En un comunicado refiere que la instrucción del gobernador Juan Manuel Carreras López es proporcionar todo el apoyo que se necesite, mientras que a las instancias correspondientes les ha pedido que se aboquen a la investigación para que este crimen no quede impune.
Dijo que se ha proporcionado el apoyo requerido, luego de que familiares de Esqueda Castro se reunieron con el gobernador.
Por su parte, el Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí condenó el asesinato y exhortó a las autoridades competentes a investigar profundamente esos hechos violentos e implementar todas las acciones legales que resulten necesarias para otorgar verdad y justicia a sus familiares.
Además destacó que “es urgente que se activen los mecanismos de protección efectiva a nivel local para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la finalidad de prevenir hechos como los que hoy aquejan a la sociedad potosina”.
Édgar Daniel, de 23 años, había denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que en dos ocasiones policías ministeriales del estado lo había amenazado cuando ejercía sus funciones periodísticas.
En 4 julio pasado, el fotoperiodista sufrió amenazas y golpes de presuntos policías ministeriales que lo obligaron a borrar las fotografías que acababa de tomar de una balacera; el 13 del mismo mes, en otro evento, agentes de la PME le exigieron sus credenciales de identidad, las fotografiaron y le dijeron que lo estarían vigilando y también su domicilio, porque sospechaban que con sus notas proporcionaba información a la delincuencia. •