Militarización de la protección civil
Agradecer a las fuerzas armadas su apoyo en el rescate de sobrevivientes y las víctimas de los terremotos recientes no debe limitar una revisión crítica del papel que jugaron como parte de una respuesta gubernamental que se caracterizó por la negligencia, lentitud e ineficiencia.
Los militares entraron en acción siguiendo las instrucciones del Plan DNIII y del Plan Marina para “coadyuvar” con el Sistema Nacional de Protección Civil.
En medio del caos urbano que siguió al terremoto, en las calles estaban ocurriendo brotes de una tendencia que ha sido endémica y encarnada: la militarización de las responsabilidades que por ley corresponden a las autoridades civiles del país.
Los fenómenos de militarización han tenido un efecto perjudicial, no sólo para la sociedad, sino también para las Fuerzas Armadas. El uso intensivo de soldados en el combate al narcotráfico ha minado el prestigio de los efectivos militares, pues los ha expuesto, por más de dos décadas, a tareas que orillan a los soldados al riesgo de corrupción y al de cometer abusos contra la población.
Militarizar la protección civil quizá no mine a tal grado el prestigio y la moral castrense, pero igual carece de sustento constitucional y podría ahondar el abismo de desconfianza entre las autoridades y los ciudadanos cansados de tanta negligencia, ineficiencia y corrupción civil.
En varios puntos de desastre, la Armada de México coordinó en forma directa las labores de rescate y absorbió en su cadena de mando al resto de sus coadyuvantes: la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, el mismo Ejército Mexicano y los rescatistas ciudadanos. La acción llevaba consigo un riesgo muy elevado para la reputación de la Armada si las operaciones escaparan al control del mando castrense y lo enfrentaran a la opinión pública.
Y eso fue lo que lamentablemente sucedió en el caso infame del Colegio Enrique Rébsamen, cuyos edificios, sostenidos con la corrupción de las autoridades de la ciudad de México, se desplomaron, como todos ya sabemos, sobre decenas de menores de edad y trabajadores de la escuela.
Al coordinar las labores de emergencia, la Armada de México también asumió los deberes y responsabilidades de relacionarse con los medios de comunicación.
Con escasas habilidades de comunicación social, los militares exacerbaron, con información imprecisa, la controversia suscitada por la presunta existencia de una niña, a la que llamaron Frida Sofía.
En lugar de los voceros del Sistema Nacional de Protección Civil, los militares se expusieron al frente de la palestra y el descrédito: un oficial del Ejército mexicano, el oficial mayor de la Secretaría de Marina y hasta un almirante subsecretario participaron en la sucesión de afirmaciones y desmentidos sobre la existencia de esa niña y el supuesto descubrimiento de más niños atrapados con vida bajo los escombros.
Ahora que ya pasaron las labores de rescate, es fundamental que las autoridades militares actualicen sus planes de contingencia y aseguren que su acción se limite a la coadyuvancia, respete a la ley.
Por supuesto que en circunstancias extremas nadie se opondría si militares entrenados y equipados hacen a un lado a civiles inexpertos o ineficaces si eso facilita el rescate de sobrevivientes en menor tiempo. Sin embargo, la sombra de la militarización debe ser una señal de alerta para experiencias futuras. Elegir la vía fácil de la militarizar la protección civil perjudicaría a la institución armada y separaría aún más a los ciudadanos de sus gobernantes.
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas