¿Viva España, sin Cataluña?
Viajo por España (Madrid, Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba) y miro la indignación que ha llenado las calles de manifestantes y los edificios de banderas españolas. La misma que los independentistas catalanes repudian, con sus tres franjas horizontales: roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas; este símbolo ondea en los barrios como muestra de la unidad que se pretende vulnerar.
El conflicto español, más que una crisis institucional o un dilema constitucional, es el resultado de los errores de gobiernos electos por malas decisiones populares. Me refiero al régimen catalán que preside Carles Puigdemont y al gobierno español que encabeza Mariano Rajoy. La democracia española de fin del siglo XX, tan admirada en múltiples episodios, hace agua en el afán independentista llevado al Parlamento catalán esta semana. No todo lo que aparente sello democrático es lo mejor para la sociedad. La prueba la da España y sus actuales tribulaciones.
El gobierno catalán lleva años desafiando a la autoridad española con fundamento en un nacionalismo, sustentado en una cultura regional singular, una lengua distinta y en disponer del mejor equipo de fútbol del mundo. Regionalismo que tiene mucho de emoción social, pero también de demagogia populista. Las controversias más notables han sido las medidas adoptadas por el parlamento catalán, aplaudidas por un sector ubicado en la extrema izquierda, casi soviética, que el Tribunal Constitucional ha cancelado por violar la Constitución española. Es el mismo Parlamento que se ocupa ahora de formalizar el acto de independencia.
Estos son ejemplos del conflicto entre el gobierno catalán y el Tribunal Constitucional español: impuesto a los bancos para grandes fortunas; medidas para proteger a los ocupas o hipotecados que se niegan a pagar sus créditos (una especie del Barzón vernáculo); la garantía a los pobres de tener gratis: agua, luz y gas en invierno; impuestos a los pisos (departamentos) vacíos para dedicarlo a el “alquiler social”; impuesto a las centrales nucleares nacionales (españolas) o al fracking; impuesto a las operadoras de internet; prohibir las corridas de toros, gravar fiscalmente las matrículas de los coches.
El Tribunal Constitucional ha sostenido cuáles son las facultades que corresponden al gobierno nacional y cuáles no pueden ejercer los gobiernos autonómicos, específicamente Cataluña. Tales medidas habían desarmado al populismo catalán hasta que éstos, en un arrebato populista, lanzaron un grito de independencia. Lamentablemente fue el manejo del gobierno español, al no haber encontrado durante años salidas políticas al conflicto latente, se cometió la tontería de enviar a la guardia a golpear a manifestantes que pretendían votar el referéndum, lo que elevó el problema a una crisis constitucional.
El texto de la Constitución española de 1978, estudiada, admirada y copiada por los países hispanoparlantes, incluido México, es la que resolverá el conflicto. Hay poco margen para la negociación, pues difícil pactar con populistas que se escudan en lo que dice la masa informe y acrítica.
La Constitución prevé exactamente el supuesto ante el cual se encuentra el gobierno de Rajoy:
“Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
La salida está en la Constitución y el rey Felipe VI enfrenta el primer gran reto de su reinado.
No sé si Cataluña, que representa el 20% del PIB español, pueda independizarse efectivamente y ser viable como Estado-Nación en el plano internacional. De lo que no tengo duda es que España no quiere que esto suceda y más vale que ataje el conflicto antes que la crisis se convierta en un desastre.
El conflicto español, más que una crisis institucional o un dilema constitucional, es el resultado de los errores de dos gobiernos