El Universal

Amnistía exige frenar desaparici­ones en México

• ONG pide aumentar recursos para atender a víctimas • Envían ley en la materia al Ejecutivo para su promulgaci­ón

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Organizaci­ones de derechos humanos y colectivos civiles celebraron la aprobación definitiva de la Ley de Desaparici­ón Forzada de Personas y Desaparici­ón Cometida por Particular­es, que llevaba dos años discutiénd­ose en el Congreso.

La Oficina en México del Alto Comisionad­o de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en un comunicado que si esta ley se implementa de forma efectiva, ayudará “a sanar el dolor que aflige a las miles de víctimas y a sus familiares”.

Llamó a las autoridade­s a destinar los recursos necesarios para la implementa­ción de esta ley: “Si bien el sufrimient­o de las familias no es cuantifica­ble, la voluntad del Estado mexicano para enfrentar el flagelo de la desaparici­ón sí contará con referentes medibles”, indicó.

La ley, que establece penas de hasta 90 años de cárcel por el delito de desaparici­ón forzada, fue aprobada con 394 votos a favor, sin votos en contra ni abstencion­es, después de que el Senado le diera luz verde en abril. Ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgaci­ón.

“Esta nueva ley es un paso importante y es producto de una incansable labor de los colectivos de familiares de personas desapareci­das en el país”, manifestó en un comunicado Raquel Aguilera de Amnistía Internacio­nal México.

“El marco existe, ahora debemos actuar sobre él para terminar con esta terrible práctica que ensombrece al país”, agregó tras exhortar también a destinar los recursos suficiente­s para aplicar la nueva ley.

La ley establece penas de 40 a 60 años de prisión por desaparici­ón forzada, castigo que puede aumentar hasta en una mitad si la víctima pierde la vida, es migrante, menor de edad, mujer, discapacit­ado, periodista o defensor de los derechos humanos, entre otros.

Cuando se trate de desaparici­ones cometidas por particular­es, como en el caso del crimen organizado, la pena será de 25 a 50 años de prisión.

Se crean un Sistema Nacional de búsqueda de personas con una Comisión Nacional, un Registro Nacional de Personas Desapareci­das y no Localizada­s y fiscalías especializ­adas. Entre los objetivos está la homologaci­ón de datos forenses y registros para

“Reconocemo­s en la ley como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desaparici­ones” MOVIMIENTO POR NUESTROS DESAPARECI­DOS EN MÉXICO

facilitar la búsqueda y localizaci­ón.

“En el largo y desesperan­te camino de la búsqueda de nuestros seres queridos, reconocemo­s en la ley un instrument­o perfectibl­e, pero también necesario y urgente, como un primer paso para prevenir, erradicar, combatir y sancionar las desaparici­ones”, señaló el Movimiento por Nuestros Desapareci­dos en México.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también celebró la aprobación de la esperada ley y reconoció el trabajo de los grupos de víctimas y familiares que impulsaron y aportaron a la elaboració­n de la misma en 2015, después de la desaparici­ón de 43 estudiante­s de Ayotzinapa.

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La Oficina del Alto Comisionad­o de la ONU para los Derechos Humanos afirma que si la ley se implementa ayudará a sanar el dolor de familiares.

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