PGR se muda Sede central, inservible tras 19-S
Cinco de los más de 20 inmuebles que tiene la dependencia en CDMX resultaron afectados por el sismo de septiembre
Casi 30 años después de haber comprado el edificio sede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Reforma 211, en el cual se invirtieron 336 millones de pesos para su remodelación en los últimos años, la dependencia busca un nuevo inmueble en el sur de la capital del país para reubicar a 3 mil trabajadores que por el sismo del 19 de septiembre pasado tuvieron que ser desalojados.
Como consecuencia de los sismos de septiembre, cinco de los más de 20 inmuebles que tiene la dependencia en la Ciudad de México resultaron con afectaciones, entre los que destaca el edificio central.
La dependencia analiza rentar un corporativo en esa zona, donde a más tardar en diciembre despacharía ahí el procurador, Raúl Cervantes Andrade, y el resto del personal “damnificado” por el temblor.
Aunque el edificio de Reforma 211; el de la calle López 12 y 14, colonia Centro, que era la sede de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y el Centro de Atención Ciudadana; el de Insurgentes Sur 235, donde se encontraba la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales; el de Tonalá 104, que albergaba oficinas administrativas, y el de la calle Jaime Nunó, en la colonia Morelos, utilizado como bodega, fueron declarados “inoperantes” por ingenieros estructurales, los trabajos del Ministerio Público de la Federación no se han detenido, informaron funcionarios de la dependencia.
Autoridades consultadas comentaron a EL UNIVERSAL que los trabajadores fueron reubicados en diversas aéreas: en el edificio de Paseo de la Reforma 3, donde están las oficinas de Comunicación Social, se alojó a 50 personas provenientes de la sede central; 450 adscritas a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo se reubicaron en la delegación de la PGR en el centro de la ciudad.
Inmueble histórico
El edificio central de la PGR se compró al Banco Santander en la década de los 90. En ese lugar laboraban hasta el pasado 19 de septiembre más de mil personas.
En ese edificio que se remodeló y contaba con espacios inteligentes se encontraban el despacho del procurador General, Raúl Cervantes Andrade; las oficinas del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán; la del titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Rommel Moreno Manjarrez; del titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, Roberto Andrés Ochoa, y la del Oficial Mayor, Pedro Navarro Laflin.
Debido al movimiento telúrico de 7.1 grados, el inmueble, adecuado con un sistema electrónico que lo elevó a la categoría de “inteligente”, registra hundimientos en la zona del estacionamiento, por lo que se decidió deshabitarlo y acordonarlo.
Funcionarios de la procuraduría mantienen la esperanza de que el edificio pueda recuperarse con obras de reforzamiento en las estructuras y en los muros donde se registraron algunos desprendimientos.
La dependencia precisó que se siguen haciendo revisiones exhaustivas en acabados internos y fachadas en las construcciones dañadas por el temblor.
Mientras no se puedan ocupar los inmuebles, no se hará algo que pudiera poner en riesgo al personal, ha sido la instrucción que se ha difundido entre los trabajadores de la dependencia federal.
Las revisiones
En septiembre de 2015, la PGR firmó con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un convenio de colaboración para realizar un estudio del comportamiento de las cimentaciones y la seguridad estructural de la sede central de la dependencia.
De acuerdo con el Informe 2015 de la PGR, el 15 de septiembre de 2014 se firmó ese acuerdo con el propósito de “realizar un estudio denominado Revisión del comportamiento de las cimentaciones y la seguridad estructural actual de los edificios de la PGR ubicados en Reforma 211-213 y Edificio Anexo 213”, pero se desconocen los resultados de ese estudio.
En su informe 2015, la entonces procuradora de la República, Arely Gómez González, mencionó ese estudio en el apartado denominado Instrumentos jurídicos convencionales, pero no se hicieron públicos los resultados.
Gasto en mantenimiento
Información obtenida vía transparencia refiere que en la presente administración el Ministerio Público de la Federación ha destinado 336 millones de pesos tanto a la remodelación de oficinas, mantenimiento y revisión del sistema de cimentación de esa sede de la procuraduría, así como a su renivelación.
Adicional a esos trabajos, también se hicieron obras de renivelación en un inmueble anexo; se realizaron acciones de mantenimiento a la zona de vestíbulos, fachada y plazas.
Junto a eso trabajos se detallan obras de rehabilitación y remodelación de los pisos 5 y 14, todo en el conocido edificio “inteligente” de esa dependencia.
Los datos públicos sobre ese inmueble detallan que también se destinaron 112.5 millones de pesos en el año 2014 para realizar un diagnóstico sobre posibles deformaciones y desplazamientos en la estructura de la sede central.
De los 183 millones de pesos que, en promedio, la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República maneja de presupuesto al año, 4 millones 52 mil pesos los destina a servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación de los inmuebles, según el informe de distribución del gasto por unidad responsable publicado en su página de internet.
El movimiento telúrico del 19 de septiembre obligó a la procuraduría a suspender actividades en la Ciudad de México del 19 al 25 de ese mes para revisar el estado de todas sus instalaciones.
Ingenieros estructurales y directores responsables de obra examinaron las instalaciones centrales, entre otras la de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y la Dirección General del Servicio de Carrera y la Unidad Especializada en Análisis Financiero, además de las cinco que resultaron inoperantes.