Desconfianza pega a búsqueda de desaparecidos
Expertos afirman que falta de resultados y mala implementación abonan a que programas como el de recompensas para ubicar a personas no funcionen de manera eficaz
El Programa Nacional de Recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR) no ha encontrado a una persona reportada como desaparecida desde 2006, año en que fue creado para ser una herramienta que coadyuve en la investigación para dar con el paradero de personas víctimas de desaparición forzada o con presuntos culpables.
La dependencia informó a EL UNIVERSAL, a través de una solicitud de transparencia, que cuenta con cero registros de personas que hayan sido localizadas mediante este sistema, “toda vez que no se tiene conocimiento de que existe pago alguno de recompensas por personas desaparecidas”.
El Mandato de Administración de Recompensas de la PGR inició operaciones el 22 de julio de 2009, con un importe a su cargo de 391 millones 322 mil 372 pesos y con el fin de administrarlo para dar cumplimiento a los lineamientos de ofrecimiento y entrega de recompensas a personas que aporten información útil en la búsqueda de personas desaparecidas.
Al cierre del primer trimestre de 2017, el fideicomiso a cargo de Nacional Financiera, S.N.C. tenía como saldo 316 millones 909 mil 470 pesos. Durante el segundo trimestre del año sólo se gastaron 13 millones 968 mil 289 pesos en el pago de servicios por difusión de los acuerdos por los que se ofrecen las recompensas, de acuerdo con el portal de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A lo largo de la aplicación de este programa, la PGR ha hecho algunos anuncios masivos en los que ofrece recompensas para encontrar a cierta cantidad de personas. Justo el 30 de mayo de este año, la dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) 23 acuerdos en los que ofreció una bolsa total de 69 millones de pesos a quienes brindaran información o supieran del paradero de 35 personas desaparecidas.
En esa ocasión, la PGR pedía la cooperación de la sociedad civil para localizar a 29 hombres y seis mujeres desaparecidos en diferentes puntos de la República, en distintas fechas y en distintas circunstancias. La recompensa fue ofrecida, incluso, hasta nueve años después de la desaparición. Fue el caso de Gerardo Israel Macías Murguía y Édgar López Hernández, desaparecidos en Torreón, Coahuila, el 6 de diciembre de 2008.
En marzo de 2016, la dependencia ofreció una suma de 10 millones 500 mil pesos para encontrar a siete personas que fueron privadas de su libertad y posteriormente desaparecieron en las entidades de Tamaulipas, Veracruz y Querétaro. En ninguno de los siete casos la actuación de las procuradurías locales logró esclarecer los hechos.
A pesar de que en su página de internet la PGR detalla que “es identificado como un sistema seguro y confidencial mediante el cual la ciudadanía pueda aportar los datos con que cuente, sin temor de ser objeto de algún tipo de represalias”, académicos concuerdan que la garantía para una estrategia de este tipo no debería ser económica, sino de resultados.
Patricia González Rodríguez, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la poca participación ciudadana se debe a que el incentivo monetario no brinda confianza en las instituciones y persisten las dudas sobre si la información será confidencial y qué repercusiones puede haber.
“El incentivo tiene que ser que la información vaya verdaderamente a ser procesada, con una metodología científica, por la autoridad, exigimos eso. Si yo doy una información a la fiscalía o al gobierno de la República, debe existir una metodología nacional que se aplique de manera congruente, que haya cohesión, que haya comunicación y colaboración en la información, pues la participación ciudadana se va a dar, pero cuando se genere una estrategia integral”, dijo.
Por su parte, Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), señaló que la pérdida de confianza en las autoridades es uno de los grandes problemas que tiene la procuración de justicia en México, y el único camino que le queda al gobierno para recuperar esa confianza es el de los resultados.
“Circulan fotografías en las que aparecen ejecutados y dicen: ‘Esto me pasa por hacer una denuncia anónima’, habría que revisar si esas imágenes son ciertas o no, pero la gente no está confiando y eso está gestando que la ciudadanía en realidad no esté apoyando a la autoridad. Aquí es donde la au- toridad tiene que empezar a trabajar para que la ciudadanía pueda ver resultados, la única manera de recuperar confianza es con resultados”, señaló.
Michelle Quevedo, integrante de Movimiento por nuestros desaparecidos, consideró que el programa de recompensas sí brinda esperanza a las familias; sin embargo, aclaró que uno de los principales problemas es que al parecer la vía para dar datos que coadyuven a las averiguaciones no funciona de manera correcta. “Nosotros lo hemos intentado, llamar a la línea que dan, y nadie contesta”, refirió.
Una nueva estrategia
Para los especialistas, cualquier programa gubernamental que tenga el objetivo de resolver el problema debe basarse primero en la creación de un registro nacional de desaparecidos. Actualmente, México no cuenta con una cifra concreta de personas en esa condición, ni con alguna base de da- tos sobre el ADN de los restos que han sido encontrados y las familias que esperan encontrar a algún familiar.
González Rodríguez asegura que ningún esfuerzo del gobierno tendrá resultados si no se realiza un registro nacional de genética forense, el que debería iniciar, como primer paso, en cada fiscalía o procuraduría local cada vez que se denuncie una desaparición y, con esa información, alimentar una base de datos nacional.
“Creo que todo recurso público que se asigna para pagar recompensas en la búsqueda de personas desaparecidas debería enfocarse a instalar una metodología de orden científico, en el que a través de la obtención de información que se tenga en todas las entidades federativas se levante un registro de genética forense, en el que se tomen muestras biológicas de los familiares con medios no invasivos, es decir, saliva o pelo, es importante eliminar lo de la toma de sangre”, apuntó la académica.