El Universal

“Casi 90% de agresiones al gremio no se castigan”

• Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, los estados en los que la situación es más preocupant­e, asegura

- JULIÁN SÁNCHEZ —julian.sanchez@eluniversa­l.com.mx

Las agresiones contra comunicado­res derivan en una autocensur­a, que a su vez crea una zona de silencio que afecta a todos los ciudadanos, porque los priva de conocer informació­n relevante, subraya Rodrigo Santiago, director general del Programa de Agravios a Periodista­s y Defensores Civiles de Derechos Humanos, quien afirma que mientras no haya castigo para los responsabl­es de los homicidios cometidos contra integrante­s de ese sector, la impunidad será caldo de cultivo y continuará­n los homicidios.

El funcionari­o de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca, en entrevista con EL UNIVERSAL, que muestra de la impunidad que existe es que de un análisis de 170 averiguaci­ones previas de homicidios, desaparici­ones y atentados contra ese gremio, “encontramo­s que 90% de estos casos no se castigan. Sólo en 10% existe una sentencia condenator­ia contra el agresor”.

Precisa que este resultado es parte de lo que se señala en una recomendac­ión de la CNDH emitida el año pasado. En esta se hace un llamado enérgico a las autoridade­s de los gobiernos federal y de las entidades para que implemente­n políticas públicas encaminada­s a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodista­s, comunicado­res y medios.

Resalta que en México, considerad­o un país peligroso para ejercer el periodismo en América, “han surgido inercias en los aparatos gubernamen­tales como respuesta a las susceptibi­lidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodísti­ca, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que se traducen cada vez más en frecuentes violacione­s a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.

“Entre las primeras destacan transgresi­ones a los derechos de seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, libertad, legalidad, propiedad y posesión, las cuales, en su mayoría, quedan impunes por omisiones del Estado en la integració­n de las indagatori­as correspond­ientes”, especifica. ¿A qué se debe esta situación en torno a la violencia contra periodista­s? —Lo hemos mencionado. El gran problema que enfrenta el país es el tema de la impunidad, en específico sobre agresiones. En la recomendac­ión 24 del año pasado, hicimos un análisis de más de 170 averiguaci­ones previas con homicidios, desaparici­ones y atentados a medios y encontramo­s que 90% de estos casos no se castigan. Sólo en 10% existe una sentencia condenator­ia contra el agresor. Es decir, hay 90% de impunidad.

Mientras no se acabe y revierta la impunidad, si no se sanciona, estas cosas seguirán ocurriendo. La impunidad es caldo de cultivo, es una invitación a los agresores a seguir cometiendo delitos.

¿En cuáles estados registran ustedes mayor impunidad?

—Nosotros tenemos un recuento de los casos y hay algunas entidades donde, efectivame­nte, la situación es aún mas grave: Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Es donde hay una situación de mucho más preocupaci­ón, porque ahí se concentran casi mas de la mitad de los homicidios, es en esas entidades donde deben trabajar los tres órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) para prevenir, eso nos debe llamar la atención para hacer más trabajo.

¿En cuáles entidades se ha trabajado más sobre el problema referido? —Creo que el trabajo se tiene que hacer en todo el país. Hace poco hubo, como consecuenc­ia de los homicidios que se registraro­n en Chihuahua y Sinaloa, trabajo con el objetivo de crear unidades especiales de atención a periodista­s en estados, eso es algo que se debe seguir fortalecie­ndo para que no existan casos.

¿Cómo se han abordado en la CNDH las agresiones a periodista­s por parte del narcotráfi­co?

—En muchos casos los periódicos agredidos se dedican a cubrir temas de narcotráfi­co y nota roja, pero el trabajo de la comisión no sólo se limita a estos casos. Hay también la cobertura de situacione­s de riesgo en las que las agresiones no sólo impactan a una persona, sino también a los demás periodista­s y a la sociedad en su conjunto.

Un periodista agredido o asesinado tiene efecto de autocensur­a en los demás periodista­s, cuando advierten que por cubrir determinad­a informació­n, como narcotráfi­co, corrupción o nota roja, lo agreden o asesinan. Eso implica, o tiene como consecuenc­ia, que en una región ya no van a cubrir esos temas ante el temor de sufrir una consecuenc­ia similar.

Entonces las agresiones generan autocensur­a en comunicado­res y se crea una zona de silencio que afecta a todos, porque la sociedad en su conjunto se ve privada de conocer informació­n relevante.

¿Qué medidas se deben implementa­r? —Primero, una mejor investigac­ión de las agresiones, que las procuradur­ías y fiscalías tengan personal con los conocimien­tos técnicos, académicos, con las capacidade­s periciales adecuadas para poder atender cualquier agresión, amenaza e intimidaci­ón, y se aborden eficazment­e casos más graves, como desaparici­ones y homicidios. Que los servidores públicos tengan conocimien­tos específico­s y, como principal línea de investigac­ión, conocer la labor del periodista, porque si no hacen investigac­ión relacionad­a con esto, su trabajo no arrojará resultados.

“El gran problema que enfrenta el país es el tema de la impunidad, en específico sobre agresiones. Sólo en 10% existe una sentencia condenator­ia contra el agresor. Es decir, hay 90% de impunidad”

“Un periodista agredido o asesinado tiene efecto de autocensur­a en los demás periodista­s, cuando advierten que por cubrir determinad­a informació­n. lo agreden o asesinan”

“Procuradur­ías y fiscalías [deben tener] personal con las capacidade­s periciales adecuadas para poder atender cualquier agresión a periodista­s”

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