Revitalizar la CDHDF
Los derechos humanos en México pasan por una de sus horas más difíciles. Cuando necesitamos de comisiones de derechos humanos fuertes y autónomas, la mayor parte de ellas están políticamente subordinadas al poder y alejadas de la ciudadanía.
En las condiciones actuales es alta la posibilidad de que las o los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos sean resultado de acuerdos políticos que ignoren completamente la capacidad y compromiso con el tema.
Normalmente, los procesos a través de los cuales se eligen a los titulares de estos organismos se llevan a cabo a espaldas de la ciudadanía, al realizar “consultas” donde la participación social es muy limitada y ni siquiera llegamos a saber qué organizaciones han apoyado a quién.
La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) que hoy está en juego —la segunda comisión más importante del país— es una instancia necesaria para generar una voz crítica que defienda y promueva los derechos humanos de todas y todos los capitalinos, sin distinciones.
Hace años que la CDHDF perdió cercanía con la gente y efectividad en sus tareas, siendo hoy una más de las tantas instituciones de nuestro país que son víctima de la desconfianza ciudadana.
12 candidatas y candidatos se han propuesto para presidirla. Es poco probablequeelorganismopuedarecuperar su credibilidad si la ALDF reelige a su actual presidenta, Perla Gómez, apadrinada por una figura política oscura como es el ex secretario de Gobierno, Héctor Serrano. Diversas organizaciones de la sociedad y varios consejeros y ex consejeros del consejo consultivo de la propia Comisión han cuestionado la falta de conocimiento de Gómez en el tema, la forma en que la CDHDF se ha apartado de la sociedad civil y la opacidad que ha marcado la gestión actual.
Hay al menos dos candidatos —Armando Ruiz Hernández y Alfredo Rojas Díaz Durán— de los que no hay ninguna información pública. Ambos firmaron avisos de privacidad junto a sus postulaciones. No conocemos ni su declaración patrimonial, ni de intereses, ni fiscal. Evidentemente, tampoco es claro qué organizaciones los respaldan. De entrada, ese tipo de candidaturas deben ser descartadas.
Por fortuna, hay opciones más promisorias. Nashieli Ramírez es una candidata sólida, con respaldo de la sociedad civil, compromiso social y conocimiento en materia de derechos humanos. Juan Carlos Arjona, académico de la Ibero, y Ricardo Hernández Forcada, con una larga trayectoria en la CNDH, también podrían revitalizar la CDHDF.
Destaca, en particular, la opción de Hilda Téllez, quien a mi juicio reúne las cualidades necesarias para que los capitalinos podamos contar nuevamente con una institución de derechos humanos sólida, cercana a la ciudadanía y al mismo tiempo operativa. Téllez tiene 25 años de experiencia como defensora de derechos humanos y un conocimiento de primera mano en la atención de quejas, tanto en la propia CDHDF —que conoce desde dentro— como en el Conapred, donde jugó un papel importante.
En una sociedad plural como la nuestra, Téllez tiene claro que el acceso a los derechos no es tal si no involucra a todos los grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. Su visión contempla desde las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, pasando por las personas adultas mayores, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, personas LGBTI, trabajadores del hogar y migrantes, hasta las personas en situación de calle, las privadas de su libertad o las minorías religiosas.
No está de más decir que de todos los candidatos y candidatas he encontrado a una sola —Hilda Téllez— que hizo públicas sus cartas de apoyo (todas las cuales pueden consultarse en su página web); un esfuerzo de transparencia que debería ser emulado por los mismos que pregonar con ligereza por una CDHDF “más trasparente y cercana a la ciudadanía”. En los tiempos que corren las acciones son a veces más importantes que las palabras.