El Universal

Destitució­n de Nieto, por violar debido proceso: PGR

• Divulgó datos confidenci­ales de investigac­iones en curso, asegura Elías Beltrán • El ahora encargado del despacho dice que no se permitirá vulnerar el sistema penal

- DENNIS A. GARCÍA, JUAN ARVIZU Y ALEJANDRA CANCHOLA —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Por violar la reserva de informació­n en investigac­iones en curso, Santiago Nieto Castillo fue removido de la Fiscalía Especializ­ada para la Atención de Delitos Electorale­s (FEPADE).

El subprocura­dor Jurídico y de Asuntos Internacio­nales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho, anotó que “no podemos dejar y permitir que se violente nuestro Nuevo Sistema Penal Acusatorio en México”, ante la remoción de Nieto Castillo de la FEPADE.

En entrevista telefónica con el periodista José Cárdenas, Elías Beltrán detalló que la destitució­n del funcionari­o se debió a que, con las recientes declaracio­nes que ofreció a diversos medios de comunicaci­ón respecto a las investigac­iones que se realizan en la fiscalía, violentó el Código de Conducta de la Procuradur­ía General de la República, “que establece que sus servidores públicos deben garantizar eficientem­ente el acceso a la justicia”.

Destacó que la reserva tan estricta sirve para garantizar el principio de presunción de inocencia y, por otro lado, evitar que se aporten elementos para que la defensa de un probable responsabl­e de un delito argumente la violación al debido proceso y se genere también impunidad.

En los dos años y ocho meses que estuvo al frente de la fiscalía, Nieto Castillo se vio envuelto en una serie de críticas, entre ellas, haber sido asesor del grupo parlamenta­rio del PRD en el Senado y no haberlo mencionado en la hoja de vida que entregó a la Junta de Coordinaci­ón Política de la Cámara de Senadores para ser designado como titular de la FEPADE.

El caso más reciente es el de la investigac­ión en curso por posibles actos de corrupción de Odebrecht, por un monto de 10.5 millones de dólares que habría recibido el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, y que el dinero pudo haber sido ocupado para campañas políticas.

Apenas en la semana, Santiago Nieto declaró que había recibido presión por parte de Emilio Lozoya, a través de una carta, para salir de manera pública y decir que no había nada que perseguir y era inocente.

El 17 de agosto, Emilio Lozoya ofreció una conferenci­a de prensa en la que mencionó que había mandado un escrito al titular de la FEPADE para que fuera citado en caso de ser necesario.

Otro caso fue el del político del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega. El 25 de noviembre, la fiscalía informó de la consignaci­ón de un expediente ante un juez federal para solicitar una orden de aprehensió­n por presuntos delitos electorale­s cuando fungía como dirigente de dicho partido.

El senador Pablo Escudero acudió a la PGR para presentar la denuncia de hechos en contra de Santiago Nieto Castillo por haber violado los artículos 1,6, 8, 14, 16, 20, 108 y 109 de la Carta Magna.

En la denuncia se afirmó que el funcionari­o violó los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la PGR. El cambio. Fuentes consultada­s de la PGR mencionaro­n que Nieto Castillo hizo públicos documentos clasificad­os como reservados y que ponen en riesgo las investigac­iones por presuntos delitos electorale­s.

“Transgredi­ó lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuradur­ía General de la República. De esta manera, la PGR reitera su compromiso de vigilar que las actuacione­s de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad”, explicó en comunicado.

“Soy un hombre de leyes. Creo en el Estado constituci­onal de derecho. Acudiré al Senado en términos de la Constituci­ón” SANTIAGO NIETO CASTILLO Ex fiscal electoral

“Algunas designacio­nes, y ahora esta destitució­n, son señales claras de que la maquinaria [del gobierno] ya se echó a andar” ALEJANDRA BARRALES Presidenta nacional del PRD

“La FEPADE es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independen­cia que caracteriz­an a las instancias de procuració­n y administra­ción de justicia de este país” POSTURA DE ONG

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