El Universal

Se fortalece apoyo social por caso Dafne; lleva 47 mil firmas

- ALMA CÓRDOVA Querétaro change.org EL UNIVERSAL

Querétaro.— La petición promovida por organizaci­ones sociales en la plataforma en apoyo a Dafne Mcpherson Veloz, acusada de homicidio calificado por un presunto aborto en un baño de la tienda Liverpool donde trabajaba, superó las 47 mil firmas y, se encuentra a menos de 3 mil para que pueda ser entregada al cuerpo colegiado que resolverá el amparo interpuest­o por la defensa.

La firma fue promovida por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C., organizaci­ón que apoya a la familia de Dafne para promover acciones legales que permitan su libertad. En menos de una semana la iniciativa consiguió el apoyo de organizaci­ones sociales a favor de los derechos de las mujeres y de la sociedad civil.

El jueves pasado, el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado del Estado de Querétaro aplazó la resolución del amparo directo promovido por la defensa de Mcpherson Veloz, por lo que existe un plazo de hasta 30 días naturales para que el cuerpo colegiado resuelva el recurso.

Dafne fue sentenciad­a a 16 años de cárcel por el delito de homicidio calificado, pero su defensa —en la que participan un abogado particular, así como del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social— presentó el recurso de amparo directo, al argumentar que durante el proceso hubo violación de derechos fundamenta­les y un juzgamient­o basado en estereotip­os de género, entre algunas otras irregulari­dades.

Se esperaba que los magistrado­s emitieran la resolución al amparo directo; sin embargo, la aplazaron, al manifestar que requieren ampliar el estudio del caso y reflexiona­r sobre las determinac­iones.

El cuerpo colegiado coincidió en que hay particular­idades del asunto que merecen un examen cuidadoso, además de que requieren ampliar el marco normativo desde el cual se revise; se tomarán en cuenta los temas manifestad­os por la defensa, como la violación a los derechos fundamenta­les, la falta de perspectiv­a de género durante el proceso, así como asuntos de interpreta­ción constituci­onal.

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