Salarios y mentiras
En su reciente visita, el primer ministro del Canadá ha colocado el tema de la elevación de los salarios en México como condición insalvable, no sólo para la renegociación del TLCAN, sino para la estabilidad de América del Norte. Demanda impulsada en nuestro país hace décadas por sindicatos independientes, fuerzas progresistas, académicos responsables y en los últimos años por el gobierno de la Ciudad de México, ante la tozudez de las autoridades federales que se han ensañado en el descenso a la remuneración del trabajo —arguyendo “mitos geniales” emanados de la derecha empresarial—.
En consonancia con argumentos esgrimidos por los negociadores estadounidenses, Trudeau argumenta que los efectos regionales causados por el “dumping humano” —también llamado esclavitud laboral—, los salarios de los otros dos países socios tampoco han podido alcanzar los niveles adecuados. Sostiene que la única forma de desarrollo es el robustecimiento de nuestros mercados internos, así como el combate frontal a la pobreza, “a través de una política salarial justa y redistributiva” y que ésta sólo se conseguirá con el “apoyo popular”, a riesgo de que nuestros cazadores de brujas lo tilden de populista.
El gobierno mexicano supeditó la firma del tratado en 1994 a que se excluyeran tanto las condiciones laborales como los derechos humanos, que se convirtieron en “acuerdos paralelos”, de carácter no vinculante. Esa es la razón, según Paul Krugman, por la que “la promesas de acelerar el crecimiento económico jamás se debió hacer, porque nunca se cumplió”. Para colmo, la caída de los salarios se volvió precipicio. Según The Conference Board, el pago por jornada laboral en Estados Unidos es de 37.71 dólares, en Canadá de 30.94 y México alcanza apenas los 5.90. Otros estudios subrayan que el salario de un trabajador
La CEPAL indica que nuestro país es el único de América Latina donde el salario mínimo es inferior a la línea de la pobreza
yanqui es, en ciertos sectores, 30 veces mayor al de los trabajadores mexicanos; mientras allá se paga un hora de trabajo a 15 dólares, aquí la remuneración es de 50 centavos. Desproporción abismal e insostenible.
La CEPAL indica además, que nuestro país es el único de América Latina donde el salario mínimo —fijado por el gobierno— es inferior a la línea de la pobreza. El representante de esa organización en México afirmó: “los trabajadores aquí pasan hambre y se viola la Constitución todos los días”. Por su parte, la OCDE señala que la mano de obra mexicana es la peor pagada en los 35 países miembros que la conforman, “lo que tiene un grave impacto en los niveles de pobreza y en los procesos productivos”. Esta tendencia ha evaporado a las clases medias, ya que —como probamos hace 40 años— éstas eran en su mayor parte asalariadas. Hoy en cambio 40% de la población se encuentra en condiciones de pobreza por represiones laborales.
Nos enfrentamos no solamente a la imposición de la pobreza por decreto, sino a la simulación de la realidad. Coneval difiere del Inegi —que perdió de facto su autonomía técnica y política— en las cifras proclamadas sobre los niveles de ingreso de los hogares mexicanos. El uso demagógico de las cifras del IMSS sobre el empleo —que incluyen la afiliación de los trabajadores por su cuenta— sugiere el robustecimiento de los salarios como causa de su fortalecimiento financiero, lo que es obviamente falso. Por añadidura, la campaña pre-electoral del secretario de Hacienda está sustentada en la manipulación de las cifras. El engaño numérico es sólo la fachada de la verdadera fuerza del gobierno que se sustenta en la coacción y compra del voto con instrumentos y recursos públicos.
Las esperanzas del partido en el poder se sustentan en dos grandes mentiras: el malabarismo de las cifras según el cual el país está derrotando a la pobreza y el supuesto respeto de la autoridad pública al “pluralismo” tanto como a las leyes electorales vigentes. Se equivocan: la insensibilidad de la oligarquía ante la irritación social puede conducir a rupturas irreversibles. Coincido con Enrique Krauze, quien afirma que en 2018 se decide para muchos años el futuro de la democracia mexicana. Ello depende de que se decida el “empate catastrófico” entre las fuerzas de cambio y el aberrante conservadurismo del bloque gobernante.