¿Cómo recuperar el control del gasto público?
Desde que los mexicanos pagamos directamente una mayor proporción del gasto público con nuestros impuestos, los ciudadanos empezamos a preocuparnos más en qué se gasta, para qué se gasta y qué logran los egresos públicos. La reforma fiscal de 2013 y la caídas del precio del petróleo y de la plataforma de producción de hidrocarburos cambiaron radicalmente el financiamiento del gasto público.
Duele pagar impuestos federales más que antes porque hoy pagamos más, y porque los escándalos de corrupción y abusos de ciertos funcionarios públicos, al permanecer impunes, lastiman. El incremento de los ingresos tributarios como porcentaje del total de ingresos vuelve a la hacienda pública mucho más sólida, pues son ingresos recurrentes. Se deja de depender de ingresos volátiles no recurrentes.
Sin embargo, lo que debilita a la hacienda pública ha sido el fuerte incremento en el gasto público, después de 2003, destinado a políticas estériles. Las dádivas disfrazadas en “programas sociales” carecen de población objetivo y de una finalidad específica que transforme la realidad de las personas atrapadas en la trampa de la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha venido documentando el crecimiento brutal que han hecho el gobierno federal, los estatales y municipales so pretexto de gasto social.
Los gobiernos estatales y municipales han recibido un incremento sin precedentes de recursos provenientes del gobierno federal, tanto por el incremento que hubo en el precio del petróleo como por la reforma fiscal y el endeudamiento. Su origen data de la negociación para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998. Los votos necesarios para la aprobación en la Cámara de Diputados se obtuvieron al acorralar Acción Nacional al Ejecutivo federal a modificar el PEF 1998 para destinar más recursos a los municipios. Para ello, el Congreso de la Unión reformó la Ley de Coordinación Fiscal para dar a luz el capítulo de Aportaciones Federales. Ahí se incluyeron varios fondos nuevos destinados a municipios. El más importante, con recursos totalmente frescos, fue el Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun que en 2001 se transformó en FortamunDF), el cual ocasionó una gran distorsión en la recaudación del impuesto predial al quitar el incentivo a cobrarlo y actualizarlo.
Hoy en día el gobierno federal, de impuestos e ingresos petroleros transfiere a los estados y municipios 24 centavos vía Participaciones de Ingresos Federales y 20 centavos vía Aportaciones Federales. El experimento de federalismo fiscal o coordinación fiscal no cuajó: concentrar casi la totalidad de todos los ingresos por potestades tributarias relevantes en el orden federal, para luego descentralizarlos a los gobiernos estatales y municipales no fructificó. En su gran mayoría, claro que hay cuatro honrosas excepciones, como son Aguascalientes y Querétaro, donde los ciudadanos han aprendido a jugar a su favor con la alternancia, y Baja Californa y Guanajuato bajo control azul, el dispendio ha sido la moda. La falta de capacidades institucionales, y en especial la carencia de contrapesos efectivos, han impedido que el gasto público de entidades federativas y municipios le reditúe al ciudadano en seguridad pública, procuración y administración de justicia, educación y salud.
Los desastres naturales obligan a repensar una reforma integral del gasto público federal. Es indispensable que los ciudadanos/contribuyentes sientan que cuando pagan ISR, IVA y IEPS por gasolinas, tabaco y alcohol, lo gastan sus gobernadores y presidentes municipales. Por ello sería bueno que el gobierno federal le diera difusión seria y amplia in situ de lo que mensualmente entrega de Participaciones y transfiere de Aportaciones por entidad federativa y municipio. Eso daría pie a una revolución necesaria del federalismo fiscal cocinado muy a la mexicana.
El gobierno federal debería difundir los recursos que transfiere en Aportaciones a cada estado y municipio