Alberto Elías Beltrán*
Remoción en FEPADE, cuestión de legalidad
En días pasados, el ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hizo declaraciones públicas sobre hechos y datos relacionados con investigaciones a su cargo.
Reveló nombres, montos y fuentes de financiamientos a diversos partidos políticos y candidatos independientes que debió mantener en estricta reserva, conforme dispone la Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El ex fiscal presumiblemente no respetó los principios de presunción de inocencia y debido proceso, lo que podría causar que una persona presuntamente culpable quede impune y en libertad.
Probablemente violentó el marco legal y actuó en contra del Código de Conducta de la PGR que, entre otros preceptos, obliga a sus servidores públicos a aplicar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio; tomar decisiones racionalmente conforme a los principios éticos y jurídicos, y proteger datos personales.
Por esas razones el ex fiscal fue removido de su cargo.
La FEPADE es más que su titular. Los agentes del Ministerio Público adscritos a dicha fiscalía ejercen sus facultades constitucionales y legales con plena libertad operativa y de decisión, por lo que seguirán agotando todas y cada una de las líneas de investigación en curso, incluída, por supuesto, la mencionada por el ex fiscal
El ex titular reveló nombres, montos y fuentes de financiamientos a diversos partidos políticos y candidatos independientes que debió mantener en estricta reserva
en las declaraciones que propiciaron su remoción
Ahora, conforme a nuestro sistema democrático, el Senado de la República podrá objetar dicha remoción o, en su caso, nombrar un nuevo titular de la FEPADE idóneo que asegure la procuración de la justicia y cumpla con los más altos estándares éticos y profesionales en el desempeño de sus funciones y en pro del desarrollo democrático de nuestro país.
La PGR como instancia encargada de vigilar el orden jurídico constitucional y legal, debe garantizar que sus servidores públicos cumplan con los objetivos del sistema de justicia penal acusatorio y evitar que cometan errores o supuestos errores que beneficien, sin distinción alguna, a probables responsables para que estos queden impunes y en libertad.