Nueva Fiscalía, ¿ahora o cuándo?

Desde 2014 se reformó la Constitución para cambiar a la Procuraduría General de la República en Fiscalía con dos rasgos distintivos: que fuera una fiscalía autónoma que persiguiera los delitos de forma eficiente e imparcial, y que dejara de ser la procuraduría del presidente. Durante casi tres años la cuestión del pase automático de su titular sirvió como pretexto para postergar la aprobación de leyes para la necesaria transformación institucional, pretexto que se acabó con la renuncia de Raúl Cervantes hace unos días, quien dijo “algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para no avanzar en aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”.

Se fue Raúl Cervantes, pero la institución mantiene los mismos anquilosados procesos y, en consecuencia, magros resultados; porque, como lo hemos venido diciendo los ciudadanos, lo importante es rediseñar a la institución. Lo que sí se le debe reconocer al ex procurador es que promovió un ejercicio de reflexión sobre el modelo que requiere la nueva Fiscalía para operar, mismo que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cuyo informe se presentó hace unos días.

Éste destaca que falta una visión integral de la seguridad pública y del sistema de justicia penal; que hay deficiencias estructurales en las procuradurías y que falta información sistematizada que permita saber cómo van y qué deben mejorar.

Entre sus propuestas están que las acciones para prevenir y sancionar los delitos, esto es, la política criminal, sean responsabilidad de un Sistema Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal. También proponen que, para investigar y perseguir los delitos, los ministerios públicos trabajen de forma menos burocrática y, ahora sí, den resultados. Esto sólo será posible si hay una efectiva comunicación entre las policías, que se quedarían a cargo de planear y ejecutar la investigación, y los propios ministerios públicos, quienes tendrían la responsabilidad de realizar una revisión de las investigaciones policiales.

Otra sugerencia es que se establezca una “Unidad de Atención Temprana” para recibir denuncias ciudadanas y analizar si hay algún delito y canalizar el asunto, ya sea a las instancias de soluciones alternas o bien a las áreas de investigación de la propia fiscalía. Destaca la propuesta de abrir un espacio de la participación social con la creación de un consejo ciudadano para evaluar su desempeño.

Estas son sólo algunas de las recomendaciones derivadas del nuevo modelo de procuración de justicia, además, desde la sociedad civil se han hecho importantes esfuerzos para avanzar, como el dictamen ciudadano de #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva con una propuesta para el rediseño constitucional, Raúl Cervantes ya renunció, entonces… ¿qué falta?

Sabemos que no se pueden corregir los problemas institucionales, ni por decreto ni a corto plazo y que construir las fiscalías, la federal y las estatales, nos tomará muchos recursos, talento y años. Lo inmediato es que a los legisladores se les acabaron los pretextos: tienen en su mano propuestas concretas, sensatas y atendibles. Debemos de dar la batalla en todos los frentes para que las fuerzas políticas en el Congreso entiendan de una vez que ya no pueden aplazar las soluciones al drama cotidiano de la inseguridad y la injusticia. Ya se discutieron mucho las propuestas, es tiempo de llegar a los acuerdos que concreten esta reforma de procuración de justicia en México, tan indispensable, como urgente. (Colaboró José Francisco De Villa Soto, investigador de Causa en Común).

Es tiempo de llegar a los acuerdos que concreten la reforma de procuración de justicia en México, tan indispensable y urgente