¿Ciudadanos a la política?

¿Está México en el umbral de movilizaciones sociales para apropiarse de la política? Hay signos que podrían llevar a esta nueva situación, pero no necesariamente. Antes de nuestra transición a la democracia vivimos una etapa de movilizaciones extendida en el tiempo y amplia en el territorio. Podemos recordar las movilizaciones en San Luis Potosí, encabezadas por el doctor Salvador Nava, las de Chihuahua con motivo del fraude electoral de 1986, la movilización nacional por la “caída del sistema” en las elecciones de 1988, las de 1994 para proteger el proceso electoral en contra de la violencia política (Colosio y Ruiz Massieu), el levantamiento zapatista en Chiapas y su repercusiones nacionales, y muchas otras que se dieron por entonces. Sin la ocurrencia de estas movilizaciones sería imposible entender el ciclo de reformas políticas del primer lustro de la década de los noventa del siglo pasado, que culminaron en las reformas de 1996, cuando fraguó el nuevo paradigma electoral que aún define nuestras instituciones políticas. La sociedad se metió en la política para transformar el régimen político y hacerlo pasar de un sistema hegemónico a uno democrático.

Hoy el Estado está en crisis. El envión democrático desde las movilizaciones y su cristalización en exigencia política cosechó sus conquistas, pero cedió el paso al conformismo luego de la transición. Dejamos la política en manos de los políticos. Las movilizaciones sociales se dispersaron y no se consiguieron las reformas necesarias para una gobernanza de nuevo tipo. La inercia permitió que los grupos de interés con capacidad de presión o acción política volvieran a predominar en la racionalidad del gobierno. Viejas estructuras empresariales, sindicales y territoriales, otrora bases del sistema presidencialista de partido hegemónico, siguieron parasitando la política y el erario. El pluralismo dispersó el poder. Además de mejorar el control del poder con este nuevo ingrediente democrático, se produjo la “feudalización” del país que, bajo el aún viejo esquema de control fiscal por el gobierno central permitió un nuevo parasitismo: el de los gobiernos estatales que le arrancaron a la Federación una fórmula de distribución fiscal sin el acompañamiento de las responsabilidades y los debidos sistemas de rendición de cuentas. Para prueba están los “gobercorruptos” sueltos o en proceso judicial.

El poder se nos fue de las manos. Se encapsuló en una jaula de hierro. Hay que advertir que no todo ha sido destructivo. Ha habido avances con la creación de órganos autónomos, la legislación de derechos humanos, el nuevo sistema penal acusatorio, la conversión de la Ciudad de México, una mejor Suprema Corte de Justicia. El jueves pasado EL UNIVERSAL (http://eluni.mx/2yMlDNK ) reveló las conclusiones de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. El balance es deprimente. Impunidad, ineptitud y corrupción campean a lo largo y ancho del país. Las facilidades para delinquir sólo tienen por límite la imaginación criminal, pero no el poder del Estado.

Los ciudadanos necesitamos recuperar la política, que es nuestra por derecho universal, y reordenar el poder. Hacerlo se antoja factible, pero no hay signos suficientes para afirmar con certeza que iremos por ese camino. Iniciado el proceso electoral en medio de una desconfianza sin igual, está por verse si los ciudadanos, las organizaciones sociales y los grupos independientes de los partidos dan pasos para promover la salud política de la República para evitar la profundización de la descomposición que priva en las estructuras de los partidos políticos y en muchas instituciones de gobierno. Aún es tiempo de recuperar la representatividad ciudadana de la política que se perdió por la inercia de sistema y la sobrevivencia de prácticas del antiguo régimen. En la acción política no hay nada reversible, es posible un salto adelante, pero también una regresión a situaciones que parecían superadas, como está sucediendo en muchas partes del mundo.