Corrupción: flagelo de Centroamérica
En prácticamente todos los países de la región hay procesos y escándalos que salpican a las clases políticas
Apropósito de desastres naturales, un mensaje en redes sociales alertó que el “huracán corrupción” arrasó con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, partidos políticos y el sistema bancario de Costa Rica y el pueblo costarricense pide que no haya sobrevivientes.
El huracán se extendió a Centroamérica. Un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales reveló que las pérdidas anuales por la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras superan los 550 millones de dólares.
Un escándalo en Costa Rica destapó este año una red de tráfico de influencias que salpicó al presidente Luis Guillermo Solís y tres miembros de su entorno, a la Asamblea Legislativa, al Poder Judicial, a los partidos políticos y a la banca estatal.
La tormenta surgió en préstamos por unos 48 millones de dólares que bancos estatales concedieron en 2016 al empresario Juan Carlos Bolaños para importar cemento de China. El lío, bautizado públicamente como “el cementazo”, desnudó una cadena de privilegios a favor de Bolaños.
“El caso del cemento aportó más dudas a la mala percepción sobre la honorabilidad y transparencia de la clase política”, dijo Claudio Alpízar, director del ENCO Comunicación y Asesoría Política, de Costa Rica. a EL UNIVERSAL.
“Por las debilidades de acción del presidente y la actitud de un empresario que se muestra en sus gustos ‘políticos’ como ‘polígamo partidario’, ciudadanos que en 2014 apostaron a la honestidad hoy perciben la continuación de los negocios desde el Estado, sin importar partido”, añadió.
Solís alegó reiteradamente en las últimas semanas estar libre de corrupción y fustigó a medios de comunicación, políticos y empresarios por alimentar el pleito.
Problema regional.
Actualmente hay tres ex presidentes presos por casos de corrupción: el panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), el salvadoreño Antonio Saca (2004-2009) y el guatemalteco Otto Pérez (2012-2015) y uno, el salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), con asilo político en Nicaragua. Todos dicen ser inocentes.
Martinelli huyó en enero de 2015 a Estados Unidos al ser implicado con varios de sus ex ministros en procesos de supuesto peculado y otros delitos.
En Guatemala, , factores de corrupción e impunidad han agudizado en los últimos meses una crisis que tiene en el centro al presidente Jimmy Morales.
Denunciado por presunto financiamiento electoral ilícito en la campaña que ganó en 2015 y le llevó a la presidencia en 2016, Morales chocó con el Ministerio Público (MP) y con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Morales acusó en agosto pasado al colombiano Iván Velásquez, jefe de la CICIG, de excederse en su labor, le declaró no grato y, sin éxito, intentó expulsarle. El MP y la CICIG, creada en 2006 con aval de la Organización de Naciones Unidas y en funciones desde 2007, construyeron voluminosos expedientes sobre corrupción política.
En el entarimado están los Ortega Murillo, la familia presidencial de Nicaragua señalada por sus opositores de controlar negocios de múltiple tipo en esa nación con su indiscutible poder gubernamental, judicial, legislativo, electoral, militar y policial y con la palabra canal como eje de su emporio.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), con respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA), inició tareas a principios de 2016 como frente anticorrupción.
“El cáncer de la corrupción en Honduras hizo metástasis”, dijo a EL UNIVERSAL Omar Rivera, de la Asociación para una Sociedad más Justa, de Tegucigalpa.
“La impunidad cubrió por décadas a corruptos empresarios, a malos políticos, a irresponsables funcionarios públicos y a integrantes del crimen organizado. Todos se enriquecieron de forma desproporcionada en actividades ilícitas”, expuso.