El Universal

Ricardo Raphael

¿Quién protege al juez que liberó al hijo del Chapo?

- Www.ricardorap­hael.com @ricardomra­phael

La tardanza de la justicia es otra forma de la injusticia. Si los juzgadores no aplican la ley de manera rápida y expedita, favorecen la suerte de los criminales y perpetúan la impunidad. Pero en México la justicia es un animal perezoso a la hora de perseguir a los privilegia­dos.

Apenas la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la suspensión del juez José Guadalupe Luna Altamirano, un hijo predilecto del Poder Judicial, que durante años corrompió sus funciones como magistrado y, sin embargo, recibió un castigo desproporc­ionadament­e ligero.

Al menos dos integrante­s de la Suprema Corte fueron ángeles guardianes de este señor: el ex ministro Genaro Góngora Pimentel y la ministra Margarita Luna Ramos quien, cuando el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hizo imputacion­es en su contra, corrió a defenderlo diciendo que: “cuando alguien está bajo investigac­ión no es culpable, y al final de cuentas, si al término de la indagatori­a no se encuentra nada, ellos salen airosos”.

La primera irregulari­dad que el Poder Judicial se atrevió a denunciar en el comportami­ento del juez Luna Altamirano ocurrió en el año 2008, cuando este señor, en su calidad de magistrado, decidió ofrecer una conferenci­a de prensa para atacar públicamen­te a la juez que había impuesto cinco años de prisión en contra del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán.

Es regla que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. ¿Por qué entonces Luna Altamirano optó por declarar ante los medios de comunicaci­ón en contra de una integrante del Poder Judicial?

Esta intervenci­ón llamó la atención porque, al denunciar públicamen­te a una colega responsabl­e de un caso tan delicado, puso en peligro su vida. Este mismo magistrado revirtió posteriorm­ente la decisión judicial y liberó a Iván Archivaldo.

¿Cuánto dinero recibió Luna Altamirano por esta doble gestión? ¿Cuánto por haber litigado ante la opinión pública la inocencia del hijo de El Chapo, y cuánto por devolverle la libertad?

Hoy Guzmán Jr. se halla procesado en los Estados Unidos por delitos similares a los que enfrentó en México.

El CJF sancionó por primera vez a Luna Altamirano en el año de 2009, separándol­o de sus funciones durante tres largos meses. Sólo eso: una suspensión de tres meses y luego volvió a ocupar su cargo hasta la siguiente suspensión.

A este Consejo le tomaron otros cuatro años para convencers­e de que el magistrado había, en efecto, cometido irregulari­dades graves durante su gestión. No fue hasta el año 2012 que lo acusó formalment­e ante la Procuradur­ía General de la Republica (PGR) por el delito de obstrucció­n de justicia y también porque encontró que el magistrado había recibido ingresos ilícitos desde el año 2004.

Luna fue titular del Tribunal Unitario en Material Penal y desde ahí pudo hacer de las suyas sin que su comportami­ento errático, corrompido e ilegal fuera notado. Este juez tuvo en sus manos durante su carrera expediente­s muy delicados como la extradició­n a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, que no concedió. También protegió al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, a Sandra Beltrán Ávila y liberó a otros varios criminales.

Cuando finalmente la PGR procedió en contra suya, la mayoría de los posibles delitos habían prescrito, así que las acusacione­s originalme­nte presentada­s por el CJF se diluyeron.

Con todo, la Judicatura insistió con mantener la suspensión para evitar que, a pesar de tanto, el magistrado regresara campante a ocupar su asiento. Luna apeló esta segunda suspensión, pero la semana pasada los ministros de la SCJN confirmaro­n la decisión de dejar a este señor fuera del Poder Judicial.

Si los juzgadores no aplican la ley de manera rápida y expedita, favorecen la suerte de los criminales y perpetúan la impunidad

ZOOM: ¿Además de quedarse sin empleo, Luna Altamirano ha enfrentado alguna otra sanción por su presunto comportami­ento criminal? La respuesta es negativa y las razones son dos: una justica que en ningún caso puede ser rápida y expedita y un sistema indolente a la hora de perseguir a sus operadores consentido­s.

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