El desmantelamiento de las instituciones
La semana pasada se presentaron los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizado por el IIJ (UNAM), el CIDE y el Inacipe. Ese día inició además la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La vía civil, convocada por varias instituciones académicas. Ambos ejercicios presentaron un panorama desolador sobre el estado de las instituciones de justicia penal del país.
El diagnóstico de la UNAM, CIDE e Inacipe describe sistemas de seguridad pública y procuración de justicia con graves carencias y deficiencias. En general, carecen de mecanismos para generar información uniforme y fiable que permita la evaluación de las instituciones. En el caso de la policía, se insiste en algo que se ha recomendado desde hace años: la necesidad de formar policías municipales y estatales capacitadas, sobre todo tomando en cuenta que son los primeros respondientes cuando hay delitos. Como tales, deben poder realizar las labores iniciales de una investigación penal y son claves para garantizar la cadena de custodia de la evidencia. En suma, el diagnóstico revela un aparto de procuración de justicia más preocupado con ingresar personas a los reclusorios que en prevenir delitos, investigarlos o en llevar juicios bien fundamentados.
Las intervenciones reunidas en la Conferencia “La vía civil” señalaron un modelo de seguridad fallido, más reactivo y punitivo que preventivo, y más orientado a proteger instituciones que a proteger a ciudadanos. Este modelo, basado en la sanción y la —cada vez mayor— intervención de las Fuerzas Armadas, no ha servido para mejorar la inseguridad o disminuir la violencia en el país. Se trata de un modelo que responde ante la contingencia pero lo hace a menudo sin un diagnóstico informado, sin objetivos claros y sin atender las causas de la violencia. Quedó claro que la reforma de justicia penal, el fortalecimiento de las policías, la desmilitarización gradual de las políticas de seguridad, el cambio en la política de drogas e incluso de la política social son claves indispensables para lograr un modelo efectivo, eficiente y respetuoso de los derechos humanos.
Ambos ejercicios tendrían que servir para que Ejecutivo y Legislativo formulen una política de seguridad distinta a la que tenemos; que permita revertir el fracaso que vivimos e implementar estrategias basadas en evidencia, con objetivos claros y sujetas a evaluación constante. Las conclusiones son claras y coincidentes: sin policías y fiscalías eficientes, capacitadas, bien pagadas y respetuosas de las leyes es imposible imaginar resultados diferentes. Sin un esfuerzo nacional de compromiso de largo plazo, la situación será aun peor y podemos esperar más ilegalidades, más violaciones a los derechos humanos y más impunidad.
Pero a pesar de la gravedad de los diagnósticos, las decisiones de la clase política apuntan en dirección contraria. Al tiempo que tuvieron lugar estos eventos, se operaba en el Senado ratificar, con votación secreta, la remoción de Santiago Nieto de la FEPADE. Unas semanas antes, el presidente planteó postergar la creación de la Fiscalía General y el nombramiento de su primer titular. En la Cámara de Diputados está por aprobarse el presupuesto 2018. El proyecto plantea asignar 81 mil millones de pesos a la Sedena, 31 mil millones a la Marina y menos de la mitad a la PGR y Policía Federal conjuntamente. Estas instituciones recibirán 16 mil millones y 28 mil millones respectivamente. En otras palabras, se propone el fortalecimiento de la estrategia militar por encima de la transformación de las instituciones civiles y, en consecuencia, se acepta seguir con sistemas de seguridad deficientes (e incluso criminales). No se trata ya de errores o negligencia, sino de decisiones que a conciencia perpetúan los sistemas vigentes y la crisis que vivimos. ¿A quién beneficia esto?