Oídos sordos
Lo advertimos hace meses. Con base en la información pública oficial, podemos proyectar que este año terminará como el más violento de la historia reciente de nuestro país.
El acumulado de los primeros nueve meses de 2017 muestra aumento de todos los delitos violentos (homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia), donde el homicidio doloso comparado contra el mismo periodo de 2016, aumentó 21.96% y el robo con violencia, a negocio y a transeúnte aumentó 36.10%; 33.10% y 31.47% respectivamente.
Aún más, la comparativa de las tasas de homicidios desde 1997, posicionan este periodo como el segundo más violento, con una tasa de 14.98 homicidios por cada 100 mil habitantes, sólo detrás del mismo periodo de 2011 donde la tasa alcanzó 15.02 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Ante esta innegable crisis de violencia, a nadie parece interesarle rendir cuentas, nadie explica qué sí y qué no está funcionando, nadie expone por qué ha habido una dispersión territorial de la violencia que nos lleva a tener hoy en crisis, por diversos delitos, a la mayoría de la entidades. Nadie da cuenta de las causas que permitieron que entidades consideradas pacíficas (Baja California Sur, Colima, Querétaro o Quintana Roo) se hayan deteriorado sustancialmente. Nadie responde qué sucedió en entidades consideradas como caso de éxito donde los delitos habían sido controlados (como Baja California o Chihuahua), para que hoy vivan de nuevo momentos álgidos de violencia. Qué ha sucedido y por qué las autoridades no supieron identificar cómo algunos delitos estaban creciendo descontroladamente (robo de hidrocarburo, a negocio y a transeúnte) o por qué en otros casos (desapariciones), no exista evidencia alguna de combate.
Tibios reconocimientos de datos que difícilmente (pero no imposible) se pueden ocultar. Ni las autoridades en turno, ni los candidatos a dirigir el ejecutivo federal o los estatales se pronuncian. Mientras tanto, cada vez más mexicanos mueren, sufren afectaciones por el embate de la delincuencia y nadie se responsabiliza ni actúa en contra de la violencia.
¿Cuál será el legado de esta administración federal y de las administraciones locales que hoy nos gobiernan? ¿Qué podrán presumir como presuntos avances en materia de seguridad y justicia? ¿Con qué argumentos tratarán de convencernos para votar por ellos, las varias fuerzas políticas con base en su efectividad en el combate a la incidencia de delitos y su (in)sensibilidad / (des)interés en el bienestar de la comunidad?
A ocho meses de las próximas elecciones deberían estar puestos los incentivos para que los gobiernos actúen y los candidatos ofrezcan respuestas ante esta gravísima situación. Sin embargo, ante toda advertencia y reclamo, lo que nos muestran son oídos sordos y un total desinterés.
De continuar así el escenario para el 2018, la coyuntura será mucho más complicada que la de 2012. Urgen acciones y resultados que nos lleven a confiar que quien detenta el poder lo usa en favor de los gobernados.
Autoridades y aspirantes a cargos de elección popular ¡hagan algo! Ya sea porque la ley los obliga a actuar, por deber moral o tan siquiera por mero interés político, pero no permitan que el país siga en estos niveles de descontrol y los ciudadanos en el desamparo.
La situación en entidades pacíficas se deterioró. Estados donde el delito había sido controlado viven un repunte de la violencia