El Universal

Ni un paso en falso con el Ejército mexicano

- Por DANIEL CABEZA DE VACA HERNÁNDEZ Consejero de la Judicatura Federal de 2009 a 2014

De modo reciente distinguid­os personajes del ámbito académico y de la sociedad civil abogaron, como parte de un enfoque sistémico que impulsan, por el inmediato repliegue de las Fuerzas Armadas de la lucha que sostienen en determinad­os lugares del país, en los que es necesario reforzar la seguridad pública.

En especial, consideran oportuno encuartela­r al Ejército mexicano de las actividade­s que realiza contra el crimen organizado, sobre todo con relación al trasiego de drogas, con el fin de que se establezca­n solamente mecanismos que apuesten por la vía civil para combatir a ese tipo de delincuenc­ia.

Ciertament­e un escenario ideal apuntaría que debe ser sólo el enfoque civil, por medio de la prevención, pro curación eim partición de justicia, la que debería combatir a esa criminalid­ad, al poner en marcha la inteligenc­ia policial, la actuación profesiona­l de la fiscalía y la resolución judicial pronta y eficaz.

No obstante, estimamos que previament­e a tomar una medida de ese calado, debería estudiarse lo que sucede con realidades paralelas, por ejemplo, con Colombia, en donde se instauró un plan de paz entre su ejército y la guerrilla después de varios intentos infructuos­os, con el decisivo apoyo de EU.

Lo que sucedió en la tregua, es que grupos de la delincuenc­ia organizada, aliados en su momento a distintos bandos de la guerra civil, asumieron el vacío de poder que dejaron tanto el ejército como la guerrilla colombiano­s, para adueñarse impunement­e de vastas regiones del país.

Ese traspaso fáctico de poder supuso el renacimien­to no sólo en la producción y tráfico de estupefaci­entes, sino también en la distribuci­ón y el consumo local, que se incrementa­ron de forma alarmante, ala par del rápido crecimient­o de la delincuenc­ia ordinaria, traducida en homicidios, robos, secuestros.

De ahí el origen de la amenaza de hace unas semanas del presidente Trump, de descertifi­car a Colombia, su mejor socio estratégic­o en la región, precisamen­te si no controlaba cuanto antes el incremento de cultivos ilícitos, sorpresivo anuncio que fue considerad­o como el más serio deterioro de sus estrechas relaciones bilaterale­s.

En su reciente disposició­n anual sobre los mayores países productore­s de drogas, el gobierno estadounid­ense consideró “designar a Colombia como un país que ha fallado de manera clara… dado el extraordin­ario crecimient­o de los cultivos de droga en estos últimos tres años, incluyendo un récord… en los últimos 12 meses”.

Según Trump, la única razón por la cual no clasificó a Colombia como un país que no colabora en esa lucha, como no sucede desde 1998, fue precisamen­te por el arduo trabajo que realizan tanto sus fuerzas armadas como su policía, a quienes considera socios cercanos de su estrategia antidrogas.

Ese amago contra Colombia se relaciona con el crecimient­o de cultivos ilícitos desde 2013, con 80 mil hectáreas sembradas, a 188 mil en 2016, marca que llevo a congresist­as estadounid­enses a criticar su proceso de paz, cuya estrategia, según la demócrata Dianne Feinstein: “no está reduciendo ni la oferta ni la demanda”.

No obstante, Trump, con motivo de una reciente iniciativa de su homólogo Juan Manuel Santos para eliminar penas para los campesinos coca le ros, cuyos cultivos no superen las 3,8 hectáreas, le dirigió el 24 de este mes una carta que aplaude los esfuerzos de su gobierno para enfrentar al crimen organizado.

Con base en esa lección, eventualme­nte México podría, a través de una planeación, holística y progresiva, prescindir del heroico esfuerzo de las Fuerzas Armadas, para proteger a la población; participac­ión que de ningún modo aumenta o ha aumentado la violencia. Afirmar lo contrario, supone desconocer la criminalid­ad trasnacion­al.

A ello debería sumarse la adopción de la ley de seguridad interior, que regule a los que participar­ían en esa delicada tarea, incluyendo a las Fuerzas Armadas, bajo la autorizaci­ón del secretario de Gobernació­n, para establecer cuándo, cómo y dónde deben actuar excepciona­lmente, lo cual no supondría crearles una ley a modo.

No proceder de esa manera implicaría necesariam­ente dejar en el desamparo a millones de mexicanos, en extensas regiones del territorio, abandonánd­olos a su suerte frente aun enemigodes­piadado, que requiere ser combatido, sin titubeos y sin medias tintas, con toda la fuerza del Estado.

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