El Universal

Ganan 17 amparo por cajas de seguridad

• SEIDO no podrá abrir espacios donde guardan sus pertenenci­as • Tampoco trasladar los cofres a otra entidad, afirman

- ADRIANA VARILLAS Correspons­al —estados@eluniversa­l.com.mx

Cancún. — Unos 17 clientes de la empresa Firts Nacional Security (FNS) ganaron un amparo para que las cajas donde guardan sus bienes no sean abiertas ni se trasladen fuera de Cancún, dada la incautació­n de la empresa por elementos de la Subprocura­duría Especializ­ada de Investigac­ión en Delincuenc­ia Organizada (SEIDO), la madrugada del pasado 9 de octubre.

Alfredo Cuéllar, abogado de FNS, dijo que 40 clientes promoviero­n un juicio de amparo en el Juzgado Séptimo de Distrito para que sus pertenenci­as no sean tocadas: “De éstos, entre 15 y 17 lograron la suspensión provisiona­l del acto reclamado”.

El dictamen indica que “se concede la suspensión provisiona­l para el efecto de que no sean abiertas las cajas de seguridad ni se trasladen a un lugar distinto del que se encuentran, pues de hacerlo, al no existir en este tipo de contratos un inventario de los bienes contenidos en las cajas, se corre el riesgo de que al abrirlas los objetos se pierdan y no se pueda saber lo que las cajas contenían”.

Cuéllar insistió en que el recurso sólo aplica para quienes lo presentaro­n, por lo que mil 460 cajas son susceptibl­es aún de ser trasladada­s por la SEIDO a la Ciudad de México.

Sin informes. Una investigac­ión que realiza la Procuradur­ía General de la República (PGR) a First National Security, empresa especializ­ada en el arrendamie­nto de cajas de seguridad, impide —desde el pasado 9 de octubre— que mil 500 personas recuperen sus bienes económicos, a pesar de que no todas forman parte de la investigac­ión federal.

El abogado Alfredo Cuéllar señaló que a la fecha nadie les ha explicado el porqué de la incautació­n del inmueble, aunque se presume que la indagatori­a nació en Puebla, donde meses atrás fue capturada Leticia Rodríguez, Doña Lety, líder de un cártel de la delincuenc­ia organizada, quien presuntame­nte habría declarado que poseía cajas de seguridad de FNS.

Santiago Ancona, dueño de FNS, ha dicho que no conoce a la imputada, como no conoce a la mayoría de las personas que rentan el espacio.

“No la conocemos, no la conozco”, dijo en una reunión con más de 300 afectados, ante quienes se asumió como “el más perjudicad­o”.

“El más perjudicad­o soy yo porque mi negocio se acabó. Ustedes al menos recuperará­n sus cosas, pero a mí me han desbaratad­o totalmente un negocio levantado desde hace 26 años”, expresó.

Los abogados de la empresa coinciden en que no hay modo de saber si la investigac­ión nació a partir de las supuestas declaracio­nes de Leticia Rodríguez, pues todo parte de la siguiente conjetura: El papel con la leyenda FED/ SEIDO/ UEIDCS-PUE/ 0000740/ 2017, que la autoridad pegó en el lugar, desde el aseguramie­nto, indica que la investigac­ión es conducida por la Unidad Especializ­ada en Delitos contra la Salud, en Puebla, en donde capturaron a Doña Lety.

Señalan que existe otra versión que liga la investigac­ión al ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, preso en Panamá desde junio pasado, quien tenía rentadas una o varias cajas y que la autoridad estaba indagando qué guardaba en ellas.

El problema, explica Alfredo Cuéllar, es que se desconoce hasta el juzgado federal y el nombre del juez que giró la probable orden de aseguramie­nto. Añadió que tampoco hay modo de saber quiénes conforman la totalidad de los clientes ni sus identidade­s, porque la SEIDO tomó documentac­ión y las listas con sus nombres, lo que incluso imposibili­tó contactarl­os para notificarl­es.

Mientras, un grupo de clientes mantiene una suerte de campamento que bloquea el tránsito frente a Plaza América, donde se ubican las instalacio­nes de la empresa que les renta las cajas, para estar pendientes de sus bienes; otros han recurrido a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO), para interponer una queja.

El ómbudsman estatal, Harley Sosa, informó que han recibido 80 quejas en contra de la PGR y de la SEIDO, por probables violacione­s a sus derechos humanos, específica­mente a los de propiedad y privacidad.

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Alrededor de 300 clientes de la empresa FNS de cajas de seguridad se reunieron con Santiago Ancona, dueño de la firma, para buscar una solución ante la posibilida­d de que sus objetos sean trasladado­s a otro estado.

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