Que no nos tomen por sorpresa y se regresen los capitales
Los esfuerzos de México para enfrentar los retos que implica la nueva postura del gobierno de Estados Unidos, se están concentrando en la renegociación del TLCAN, pero existe un tema fundamental que tendrá un impacto económico de mucho mayor alcance, dicho tema es la tan anunciada reforma fiscal que piensa aplicar la actual administración en Washington.
En los próximos días se dará a conocer la propuesta a fondo; en esencia, esta reforma tiene como propósito reducir el creciente déficit fiscal en Estados Unidos, a través de una entrada de recursos por medio de la retención y atracción de inversión en el país acompañado de un agresivo plan cuyas principales consideraciones son: simplificar de siete a tres en las franjas de impuesto sobre la renta, reducir los intereses por créditos hipotecarios, derogar el impuesto a herencias y disminuir impuestos territoriales corporativos para hacer más atractiva la inversión hacia EU.
La estructura impositiva actual para ganancias corporativas en EU es de las más altas de la OCDE; por ello, la reforma busca disminuir la carga fiscal para empresas de 35% a 20%. De esta forma, se presentarían incentivos para que compañías y sus filiales logren repatriar ganancias que, por estrategia fiscal, se mantienen fuera del país.
De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estados Unidos es el mayor inversor del mundo al invertir desde su territorio, 299 mil millones de dólares en 2016, dato superior a los 183 mil millones de dólares que invierte China al mundo.
De esa inversión que sale de EU, de acuerdo con la Secretaria de Economía, a México llegaron 11 mil 587 millones de dólares y en 2015 fueron 18 mil 179 millones.
De toda esa inversión, las utilidades que reportan las corporaciones fuera de territorio estadounidense pueden ayudar a aliviar el déficit fiscal de Estados Unidos que en 2016 alcanzó 439 mil millones de dólares, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
La creciente deuda del país, una población que envejece, los gastos para la seguridad social y programas federales de retiro y salud para personas de mayor edad, generan un desequilibrio creciente.
La urgencia de Estados Unidos por aliviar sus finanzas probablemente será un incentivo para aprobar dicho plan fiscal por parte del Congreso, mientras que para las empresas, por simple comparación de tasas de impuestos, tienen mayor aliciente para retornar.
En el caso de México, habría implicaciones en los efectos netos de la inversión. El 40% de la IED que recibe México proviene de Estados Unidos; los incentivos que pudieran obtener con el plan fiscal provocarían un retorno de capitales.
México tiene la necesidad de elevar el coeficiente de inversión como mecanismos para aspirar a mayores tasas de crecimiento; la reforma fiscal de EU tendría un impacto en la estructura comercial del TLCAN, la reducción en las cargas fiscales y los incentivos que se proponen, serían atractivos para varias empresas, lo que tendría serios efectos en la inversión, el nivel de empleo, el comercio y el crecimiento económico.
México enfrenta un problema de nivel de deuda y debe cuidar sus finanzas públicas, pese a que muchas de estas corporaciones reducen su carga tributaria en el país a través de prácticas en precios de transferencias, que permiten ubicar la utilidad obtenida sobre todo con operaciones en empresas off shore. Si el plan es aprobado y resulta atractivo para las inversiones norteamericanas, podría darse un freno o una salida de inversiones, que si bien no generarían una desindustrialización del país, podría contribuir al desequilibrio macroeconómico y en finanzas públicas.
México está obligado a establecer una verdadera política fiscal integral, que ataque de raíz la informalidad, que evite la evasión fiscal; debe fortalecer las competencias laborales acordes a las vocaciones e industrias estratégicas nacionales y estatales, apostar por la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad, por un mercado administrado que permita fortalecer las competencias y en un combate certero a la corrupción y fomento a la transparencia, para aspirar a mayor crecimiento.
Se acerca el periodo electoral y la plataforma económica de todo aspirante debe incluir estas medidas para generar una política económica integral orientada a construir un proyecto de nación.