Trata, un problema de seguridad nacional
De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el número de víctimas de trata de personas en México se estima en 500 mil, de las cuales alrededor de setenta mil son menores de edad sujet@s a explotación sexual.
En nuestro país existen cuarenta y siete grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas y, cada año, alrededor de 21 mil menores de edad son captad@s por las redes de tratantes con fines de explotación sexual; 45 de cada 100 son niñas indígenas.
El 93% de las víctimas de trata en nuestro país son mujeres y 26% menores de edad. México está catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas. La mitad del tráfico de personas ocurre de una entidad a otra. Los quince estados con mayor incidencia en este delito son: Sonora, Guerrero, Chiapas, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Quintana Roo, Jalisco, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Querétaro y la Ciudad de México.
A pesar de esta terrible realidad, los resultados del 5to Informe de Gobierno en la materia resultan insultantes, dada la magnitud del problema. Sólo se desarticularon siete organizaciones delictivas y se rescataron a setenta y un víctimas; se iniciaron ocho averiguaciones previas, se consignaron a tres personas, se indiciaron a seis, se consignaron a tres, se solicitaron dos mandamientos judiciales, se libró uno y se cumplimentaron dos; se obtuvieron ocho sentencias condenatorias y doce absolutorias; y se dictaron tres autos de formal prisión.
En suma, el 5to Informe de Gobierno en materia de trata constituye un insulto para las víctimas, para todo el país. Los resultados sólo pueden explicarse de dos maneras: las redes delictivas y las instituciones encargadas de perseguir y sancionar el delito han sido tocadas por corrupción, o bien la ineficiencia y la omisión de autoridades ha superado el límite de lo tolerable.
La trata de personas es la segunda fuente de ingresos ilícitos para la delincuencia. Es claro que no se combate con foros, acuerdos y discursos, se requieren políticas públicas y estrategias de largo alcance que involucren a los tres niveles de gobierno. Este delito está desbordado, las redes delictivas operan impunemente.
Es preciso entender que, la trata constituye un problema de seguridad nacional, toda vez que es un delito de carácter transnacional. Y, como lo ha reconocido la ONU, profundiza la corrupción y atenta contra el Estado de Derecho.
La prevención, investigación, persecución y sanción de este delito ha fallado en nuestro país. Las víctimas no acceden a la justicia, los delincuentes quedan sin castigo y las potenciales víctimas están solas frente al crimen organizado.
Es urgente visibilizar este delito, exigir resultados gubernamentales, presionar a las autoridades y fomentar la responsabilidad social para evitar que el horror se convierta en cultura cotidiana, el abuso se asuma como algo natural y el sufrimiento de las víctimas sea silenciado con discursos políticos.
Todo el tiempo, los medios de comunicación dan cuenta de nuevas fosas clandestinas, pero pasan por alto otras que, en forma de prostíbulos, campos de trabajo forzado, cuartos de hotel y páginas web, guardan en sus entrañas cadáveres emocionales que han sido cosificados. Cadáveres que aún respiran, mercancía que deja utilidades. Mexicanas y mexicanos indefensos a quienes se les ha arrebatado todo, y que siguen siendo ignorados social, estadística, jurídica y políticamente.