¿Prohibido enfermarse?
Las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos entraron hace años en una espiral de deterioro de la cual parece complicado que se pueda meter reversa en el corto plazo.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que publica hoy este diario, refuerzan esa tendencia, pues de cada tres personas que cuentan con un empleo, dos carecen de prestación para tener acceso a instituciones de salud. En números totales, significa que de los poco más de 50 millones que integran la población económicamente activa, 32.6 millones se encuentran en esa situación.
Acudir al médico o atenderse un padecimiento representa elevadas erogaciones para los trabajadores con la ineludible afectación a sus ingresos y las consecuencias en su calidad de vida.
El dato arroja también otras realidades. En primer lugar, los trabajadores carecen de prestaciones elementales; si no cuentan con acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, difícilmente serán acreedores a utilidades, primas vacacionales o incluso aguinaldo. Cifras del Inegi refieren que de 35.9 millones de personas asalariadas, más de la tercera parte, 13.5 millones, no recibe prestaciones.
Otra muestra de la dura realidad laboral es que casi 16 millones de mexicanos remunerados desempeñan su trabajo sin tener un contrato escrito. ¿Dónde están las instituciones de defensa ante la flagrante violación a la ley?
Una más: el grueso de la población ocupada se encuentra en el sector informal de la economía. El país no ha podido generar las fuentes de trabajo formales que permitan emplear a los cientos de miles de jóvenes que cada año ingresan al mundo laboral. El sector informal representa precisamente trabajos sin prestaciones y, por supuesto, sin el respectivo pago de impuestos que ayudarían a fortalecer las finanzas públicas.
Los estadísticas sobre condiciones laborales confirman que no basta con la creación de empleos, se requieren fuentes de trabajo que garanticen las prestaciones sociales establecidas en la normatividad, así como retribuciones decorosas.
Más de 20 millones de empleados en el país perciben entre uno y dos salarios mínimos en promedio.
Bajos sueldos y la falta de garantías de tener acceso a instituciones de salud representan una combinación que parece condenar al país a mantener los elevados niveles de pobreza y los bajos índices de productividad. En suma, una fórmula de alto riesgo social.