¿Comunicar es gobernar?
Fiel a sí mismo, Vicente Fox estaba convencido de que comunicar era gobernar. Su ascenso, primero en el sector empresarial y después en la política, se explicaba por su capacidad para venderse. Dicharachero, informal, irreverente, conectaba con el pueblo.
Con Fox, el gasto en propaganda alcanzó niveles inéditos: 14 mil 303 millones. Pero esa tentación de privilegiar el gasto en propaganda —inmoral en un país con tantas desigualdades— no se interrumpió con Felipe Calderón, al contrario: el gasto rebasó los 39 mil millones de pesos; y en el gobierno del presidente Enrique Peña será aún mayor: hasta 2016 ya rebasaba los 36 mil millones.
De nada sirvió el compromiso que se estableció en el Pacto por México de transparentar y racionalizar los recursos que el Estado invierte en publicidad en los medios de comunicación, y crear una instancia ciudadana y autónoma que supervisara la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno.
Para colmo, cada año el gasto autorizado, de suyo excesivo, ha sido rebasado en términos reales. Un botón de muestra: en 2016 se autorizó un gasto de 4 mil 126.3 millones de pesos, pero el gasto ejercido fue de más de 10 mil 600 millones de pesos, es decir, superior en 158 por ciento.
La reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 ordenó al Congreso de la Unión expedir, antes del 30 de abril de aquel año, una legislación que regulara el gasto en comunicación social, no obstante, el Legislativo decidió no legislar, de allí la relevancia de la resolución de ayer de la Primera Sala de la SCJN, que a propuesta del ministro Arturo Zaldívar ordena al Poder Legislativo expedir una ley que regule el gasto en publicidad oficial, ya que, argumentó, la ausencia de esa regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en comunicación social, con lo que se restringe indirectamente la libertad de expresión.
Tenemos una clase gobernante que derrocha de la manera más imprudente e impune los recursos públicos siempre escasos. No hay asomo de austeridad ni racionalidad en el gasto y el Presupuesto de Egresos 2018 lo vuelve a confirmar: aumentos en los ingresos de la alta burocracia y los legisladores, partidas presupuestales sin reglas de operación, etc. Pero, quizás, uno de los gastos más absurdos es el que se emplea para proyectar la imagen del funcionariado.
¿Qué parece explicar esta adicción al gasto en propaganda? Puedo imaginar que intrigado por los niveles de desaprobación, el Presidente le pregunte a sus cercanos:
—¿Qué hemos hecho mal?, ¿por qué la gente está tan enojada?
—Nada, señor, la economía crece, nunca se habían generado tantos empleos, las cifras en turismo son espectaculares, también tenemos buenas cuentas en agricultura…
—Entonces, ¿por qué nos reprueban las encuestas?
—Es que no hemos sabido comunicar los logros.
Y, entonces, la respuesta es evidente: gastar más en comunicación social y abrumarnos con una avalancha de spots y anuncios que nos dicen que lo bueno cuenta y cuenta mucho; y cabe preguntarse si los analistas de Los Pinos han medido los efectos de ese despliegue propagandístico en el ánimo colectivo que, intuyo, son adversos.
Pero hay otra lógica detrás del gasto en comunicación: el sometimiento de los medios, el ablandamiento de su política editorial. Pan o palo. En algunos casos, sobre todo en el interior del país, muchos medios se han hecho tan adictos al presupuesto público que su sobrevivencia depende de la publicidad gubernamental.
No hay forma de justificar en una República que el gasto en comunicación sea superior al que se destinará para la reconstrucción ante los daños de los terremotos de septiembre. Es éticamente reprobable gastar en la promoción de imágenes cuando hace falta tanta inversión para detonar el crecimiento en muchas regiones del país y paliar la pobreza.
Posdata. Si bullying es el uso de la superioridad física, económica o política para maltratar, entonces es el gobierno quien bulea a la sociedad; eso significa la decisión de ordenar extrañas auditorías a algunas de las instituciones que, como México Evalúa, Causa en Común, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, investigan y señalan las desviaciones y los excesos de las autoridades.