Gobierno y transnacionales: despojos
Recientemente se publicó el estudio Mecanismos del despojo: tres pueblos indígenas y campesinos ante la justicia, donde Isabel Madariaga, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), analiza la imposición de tres megaproyectos: siembra de soya transgénica en Campeche, “Monsanto”; autopista Toluca-Naucalpan y Nuevo Aeropuerto para la Ciudad de México. Todos —afirma el estudio— impuestos por el gobierno sin consultar a los afectados, con graves impactos a los medios de subsistencia de comunidades indígenas, hostigadas y criminalizadas. Aplicación del mecanismo transnacional para sobreexplotar recursos naturales, “extractivismo clásico”, apoyado por los gobiernos nacionales: flores en todo el subcontinente, frutas y vino en Chile, soya en Argentina y Paraguay, megaproyectos, infraestructura energética, hidráulicos, canales, represas, puertos, carreteras, concesiones, generando represión contra la resistencia social frente a la “intensificación de la apropiación de tierras y recursos indígenas por parte de corporaciones transnacionales” (William Robinson). Especialmente dañina, la explotación minera, provocadora, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de cientos de conflictos. Incluso el New York Times advirtió en 2016: “empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, imponen diseño de leyes nacionales, apoyan la criminalización de la protesta social”. En efecto, para conjurar la resistencia, se impone legislación punitiva, en México: la reforma energética establece la “ocupación temporal” de tierras, prioritaria por encima de agricultura y ganadería, a solicitud de transnacionales; la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales crea “enclaves” privados y extranjeros con facultades para disponer de territoritos y recursos; el “Dialogo Económico de Alto Nivel”, entre autoridades mexicanas y norteamericanas, establece políticas favorables a transnacionales estadounidenses, abarcando territorios; más de la mitad del territorio nacional está concesionado. Se ha desarrollado toda una legislación penal y policiaca represiva: leyes de seguridad pública, seguridad nacional, regímenes penales especiales —tipificando la resistencia como delincuencia organizada— en delitos en hidrocarburos y Código de Justicia Militar; en espera, el Mando Mixto, que implicará centralizar la policía, incluso frente a gobiernos locales; y la Ley de Seguridad Interior para concretar un Estado policiaco-militar en todo el territorio nacional que asegure a transnacionales, la apropiación del territorio y los recursos mexicanos.
El estudio concluye: abuso del poder para el despojo, violación del derecho internacional suscrito por México, resoluciones judiciales contradictorias o ignoradas por autoridades, todo para imponer un modelo de desarrollo “extractivista”, de saqueo. En efecto, transgreden el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el Senado mexicano (1990), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007), una Resolución de la CIDH de junio 27 de 2012, que establecen, en conjunto, derechos de los pueblos indígenas: para que el Estado proteja la utilización, administración y conservación de sus tierras, territorios y sus recursos naturales, en razón de la propiedad tradicional u otra forma; deben ser consultados, mediante sus propios procedimientos e instituciones representativas, asegurar el consentimiento previo, libre, informado.
En dos de los tres casos del estudio mencionado, Peña Nieto es responsable: la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada por él a OHL; el Aeropuerto de la Ciudad de México, pese al antecedente de la brutal represión en Atenco ordenada por Peña gobernador, se continúa ahora con expropiaciones a los pueblos circundantes y despojo de material para el proyecto de negocios “estelar” de mexiquenses. El gobierno de Peña obligado por mandato constitucional a defender el territorio nacional y proteger los derechos de comunidades y pueblos indígenas, bajo el disfraz neoliberal, es su principal enemigo. No sólo abre el camino a la voracidad de las transaccionales, sino reforma las leyes para beneficiarlas, garantizando sus intereses, auspiciando un sistema represivo contra su propio pueblo.