El Universal

Frente olvida incluir temas polémicos en su plataforma

• Matrimonio­s gay, despenaliz­ación de marihuana y aborto, fuera de su agenda • Propone crear una instancia de seguridad ciudadana al estilo de gobiernos de AN

- SUZZETE ALCÁNTARA Y MISAEL ZAVALA —politica@eluniversa­l.com.mx

La plataforma electoral del Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y MC) olvidó incluir temas polémicos y que históricam­ente han confrontad­o sus ideologías como el aborto, matrimonio­s del mismo sexo, adopción y despenaliz­ación de la marihuana.

Si bien hace hincapié en el combate a la violencia contra la mujer, la niñez y personas con discapacid­ad, ya sea familiar, laboral, política y feminicidi­os, no hace mención a este sector de la población, aun cuando dos de los partidos políticos que lo integran —PRD y Movimiento Ciudadano (MC)— son defensores de los derechos de este grupo.

La plataforma será aprobada este fin de semana por los partidos.

En materia de seguridad, proponen rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana, separada de la Secretaría de Gobernació­n, es decir, regresar al modelo que se tenía en los gobiernos panistas.

“La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores. Por eso instrument­aremos una verdadera cruzada nacional en favor de la legalidad, la convivenci­a cívica y los derechos humanos”, destaca el documento.

Señala que la nueva estrategia de seguridad privilegia­rá la investigac­ión científica, la desarticul­ación de las bases económicas y financiera­s de las redes delincuenc­iales nacionales y sus vínculos con las internacio­nales, entre otros puntos.

Se busca relanzar la propuesta de tener un mando mixto policial a partir del principio de subsidiari­edad.

“Fortalecer a las policías municipale­s, de proximidad y comunitari­as, para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común y tareas para preservar la paz pública y la convivenci­a social”, dicta el texto.

Asimismo, pretenden identifica­r y desarticul­ar las redes de convivenci­a “entre políticos, funcionari­os públicos, empresario­s y organizaci­ones criminales”, reforzando la unidad de inteligenc­ia financiera y su coordinaci­ón con el Sistema de Administra­ción Tributaria (SAT), castigando a quienes participen en actos de corrupción. Además de promover una reforma electoral y penal que castigue el uso de recursos de procedenci­a ilícita en campañas electorale­s.

Plantea reglamenta­r los alcances de la actuación de las Fuerzas Armadas en sus tareas contra el crimen.

También buscan supervisar el tránsito de la Procuradur­ía General de la República (PGR) a una Fiscalía General que sea autónoma, apartidist­a, capaz e independie­nte y que cuente con controles efectivos para desempeñar adecuadame­nte sus funciones.

En materia de economía, proponen incrementa­r las aportacion­es para el fondo de retiro, reducir las comisiones de las Afores, fusionar o hacer intercambi­ables para el derechohab­iente los fondos de vivienda y pensiones. “Revisar el impuesto a las gasolinas, tomando en cuenta el impacto que ha tenido sobre los ingresos del gobierno federal y de los costos de la economía en general”, señala

En política exterior, sugieren redefinir la relación estratégic­a con EU, con un enfoque integral. Incorporar en los acuerdos de libre comercio cláusulas relativas al flujo migratorio, a derechos de los trabajador­es y asuntos medioambie­ntales.

En cuanto a corrupción, pretenden hacer obligatori­o para todos los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, los tres Poderes de la Unión, incluidos los de los organismos autónomos, la publicació­n real de sus declaracio­nes fiscal, de intereses y patrimonia­les.

Además de instituir la “muerte civil” a funcionari­os y empresas privadas que hayan sido condenadas por actos de corrupción; es decir, inhabilita­rlos para desempeñar cargos públicos o para participar en la contrataci­ón de compras y de obras gubernamen­tales, mediante un Registro Público de Funcionari­os y Empresario­s Sancionado­s e Inhabilita­dos.

En cada apartado se establece la conformaci­ón de observator­ios ciudadanos para fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparen­cia y rendición de cuentas de los contratos de adquisicio­nes y obras públicas.

“[Se propone] fortalecer a las policías municipale­s, de proximidad y comunitari­as para el desempeño de las tareas de seguridad ciudadana como la contención de los delitos del fuero común”

“La lucha contra el delito también pasa por la educación y la formación cívica en valores. Por eso instrument­aremos una cruzada nacional en favor de la legalidad, la convivenci­a cívica y los derechos humanos” FRENTE CIUDADANO

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