Exigen a tojolabales liberar a 5 funcionarios
• Familiares acusan que los indígenas se los llevaron desde el lunes y desconocen el motivo
San Cristóbal las Casas.— Cuatro funcionarios de la Fiscalía de Justicia Indígena de la oficina de Las Margaritas cumplieron cinco días en poder de un grupo de habitantes de La Cañada Tojolabal, informaron funcionarios, autoridades locales y familiares.
Explicaron que la mañana del pasado lunes, un grupo de indígenas tojolabales irrumpió en la oficina del municipio de Las Margaritas, en la región de La Selva, para raptar a Rigo Fernando Méndez Hernández, Gerónimo Hernández Morales, Luis Enrique López Martínez y Néstor Giovani Gutiérrez Gutiérrez.
Los cuatro son funcionarios de la Fiscalía de Justicia Indígena, quienes se desempeñan como agentes del Ministerio Público, fiscales y peritos de la dependencia.
En una carta dirigida a medios de comunicación, los familiares de los funcionarios aseguran que hasta este sábado, seguían en poder de los indígenas. Lo peor es que no saben los motivos del rapto, mucho menos la comunidad en que se encuentran y el estado de salud que guardan.
Exhortan a la organización o comunidad involucrada a que entable comunicación con los familiares de los cuatro retenidos, “ya que nos encontramos muy preocupados, [por lo que] también exhortamos al diálogo a las partes involucradas en el problema del cual no tenemos conocimiento”, dicen en la misiva.
Aseguran que “no se ha tenido comunicación con nuestros familiares”, por lo que se teme por la integridad de los cuatro retenidos.
Piden a la organización o comunidad involucrada que entable comunicación con los familiares de los cuatro retenidos, pues a cinco días de la detención “nos encontramos muy preocupados”.
El pasado jueves, el regidor del ayuntamiento de El Bosque, Gildardo Sánchez, y tres personas más fueron liberadas, después de una retención de 25 días.
La liberación de este jueves fue posible luego que el alcalde Martín Díaz Gómez pagó los recursos del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), que demandaban los inconformes.
Extraoficialmente se informó que el edil pagó 8 millones de los 18 millones de pesos que desde agosto pasado no había liquidado.