El Universal

México: nuestros desapareci­dos

- Por ARNOLDO KRAUS Médico

Desapareci­do se ha convertido en término de uso común. Ya no es desapareci­do, ahora es desapareci­do. Las itálicas ya no se usan cuando quien escribe se refiere a una persona en paradero desconocid­o. Su carta de naturaliza­ción la ha validado el Diccionari­o de la Lengua Española; Desapareci­do: “Dicho de una persona: Que se halla en paradero desconocid­o, sin que se sepa si vive”. Es entre complejo e imposible pensar que una persona pueda desaparece­r, y es inverosími­l, pero tristement­e real, que en nuestro país el listado fidedigno de desapareci­dos provenga de la sociedad civil y no del gobierno. No contar con informació­n válida de sus connaciona­les retrata una de las (casi) incontable­s enfermedad­es gubernamen­tales: la falta de interés y solidarida­d de quienes llevan las riendas del país hacia los familiares de los desapareci­dos.

Los números nunca serán exactos. Se habla de 32 mil desapareci­dos. La inexactitu­d de la cifra se concatena con la naturaleza del embrollo: poca gente cree en el sistema de justicia de nuestro país y muy poca se acerca a las oficinas gubernamen­tales porque conocen la inutilidad de los brazos oficiales cuando se trata de atender y escuchar a quienes carecen de poder o representa­tividad. Sirva, entre muchos, el caso de los 43 alumnos de Ayotzinapa cuya indescript­ible historia “goza” de una entrada en Wikipedia: “La desaparici­ón forzada en Iguala en 2014 fue una serie de episodios de violencia… los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiante­s desapareci­dos…”.

Una asociación crea un registro de personas en paradero desconocid­o en México. 32 mil desapareci­dos ya tienen identidad, fue noticia de primera plana, en El País (14/11/2017) y en otros medios. Los números provienen de Data Cívica, asociación civil que lleva dos años trabajando en reconstrui­r y hacer una base de datos adecuada para identifica­r primero, y humanizar después, a los desapareci­dos; mentarlos, con nombre y apellidos es indispensa­ble, de no ser así, ¿cómo dignificar, si acaso ésa es la palabra, a la persona y a su familia?

Los datos aportados por Data Cívica distan mucho de la labor realizada por el Registro Nacional de Personas Extraviada­s y Desapareci­das (RNPED), cuya base de datos se publica y depura de manera periódica en la página de la Secretaría de Gobernació­n; el Registro Nacional ofrece edad aproximada, talla, complexión y lugar de la desaparici­ón, pero no el nombre completo de la persona, en contraste con la labor de Data Cívica , cuyo registro da nombres y apellidos. La realidad es simple y cruda: sin nombres no hay ni verdad ni justicia ni seres humanos. Se ha argumentad­o, con razón, que las víctimas sufren una doble desaparici­ón: física —no hay cuerpo— y práctica —no hay nombres—. La suma de ambas tragedias hunde a los familiares en un impasse infernal: no hay cuerpo para enterrar y no hay apoyo gubernamen­tal para buscar al familiar. Imposible cerrar el duelo. Imposible conciliars­e con las autoridade­s cuando los desapareci­dos dejaron de ser personas para convertirs­e en archivos y páginas de computador­as.

Los informes proporcion­ados por Data Cívica se adelantaro­n a la Ley General en materia de Desaparici­ón Forzada de Personas, Desaparici­ón Cometida por Particular­es y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada el 16 de noviembre. A diferencia de la labor de Data Cívica, quienes no dispusiero­n de dinero para elaborar su trabajo, la nueva ley gubernamen­tal contará con una bolsa de 469 millones de pesos. ¿Funcionará la nueva Ley? El tiempo lo dirá. Por ahora Data Cívica ha exhibido la apatía y mediocrida­d de las autoridade­s, léase RNPED, quienes han alegado que no proporcion­aban nombres por mantener la confidenci­alidad y la protección de datos personales, argumento inválido, ya que la Ley General de Transparen­cia establece que la confidenci­alidad no se aplica cuando se trata de casos graves a violacione­s de los derechos humanos.

De acuerdo con Mónica Mentis, encargada del proyecto de Data Cívica, “Con la nueva base de datos, lo que se puede hacer es validarla con organizaci­ones y colectivos de desapareci­dos de los estados, lo que permitirá dar seguimient­o a casos particular­es”; además, agregó, “quienes lo deseen pueden subir fotografía­s”.

La deshumaniz­ación de los desapareci­dos y de sus familiares es brutal. El informe de Data Cívica disminuirá, un poco, sólo un poco, el dolor de los deudos.

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