“Lavado” de madera, el tercer delito del mundo
En noviembre de 2015, el buque Yacu Kallpa partió del puerto de Iquitos, en la Amazonia peruana, con un cargamento de madera valuado en 4 millones de dólares. A fines del mes siguiente, la embarcación llegó a Tampico.
La fiscalía peruana especializada en Materia Ambiental había detectado —mediante un reporte del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, Osinfor—, que 96% de aquella madera era ilegal.
Se pidió al gobierno mexicano que el buque fuera retenido: de acuerdo con la prensa, transportaba “el mayor cargamento de madera de origen ilegal” registrado hasta entonces por las autoridades peruanas. Así ocurrió. El Yacu Kallpa quedó varado en Tampico. Al poco tiempo, sin embargo, se le liberó sin explicaciones. La fiscal ambiental del Perú declaró que “el Estado mexicano en ningún momento les consultó sobre esta decisión”.
Más tarde se supo que se había suscitado un intenso cabildeo de políticos peruanos y empresarios mexicanos para que el cargamento fuera liberado. La madera fue internada en el país y probablemente ingresó a Estados Unidos. Por más extraño que parezca, la Ley Forestal vigente en México no prohíbe las importaciones de madera ilegal, que según el Centro para el Derecho Ambiental Internacional, CIEL, es “el tercer gran crimen que se comete en el mundo”.
El Yaku Kallpa llevaba una década transportando madera para varias empresas exportadoras. No existe un cálculo de cuánta madera de la que no se comprobó su origen legal ha transportado desde entonces: lo cierto es que llega a realizar hasta cinco viajes por año.
Al analizar las exportaciones realizadas en 2015 desde el puerto de Callao, en Lima, Perú, el CIEL halló evidencias que revelan a México como una de las principales puertas de entrada del comercio de madera ilegal procedente de la Amazonia.
Más del 75% de los cargamentos que ingresan en el país proceden de “bosques no autorizados” y llegan bajo el amparo de documentos aparentemente legales que contienen información falsa.
Las exportaciones de productos maderales en el puerto del Callao fueron de 39 millones 954 mil dólares en 2015.
De acuerdo con un reporte del CIEL sobre prácticas ilegales en el sector forestal del Perú —el cual se conocerá hoy en Washington— en dicho puerto operan 67 empresas exportadoras. Sin embargo, solo seis concentran 50% de las exportaciones a nivel mundial: Maderera Bozovich, Inversiones La Oroza, Peruvian Flooring, Inversiones Técnicas Maderables, Consorcio Maderero y Maderera Río Acre.
De ellos, Maderera Bozovich e Inversiones La Oroza envían a México entre 65 y 90% de sus exportaciones. Según los reportes del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre del Perú, dichas exportaciones “están en alto riesgo de estar movilizando madera ilegal”.
El grupo de empresas exportadoras mencionado ha sido colocado dentro de una “lista roja”, lo que significa: que han sido sancionadas y multadas “por infracciones graves a la ley forestal”, y que son poseedoras “de títulos habilitantes caducados o que se encuentran en proceso legales en curso”, según el reporte.
Con México, los países favoritos de destino para el “lavado” de madera son China, Australia, República Dominicana y Estados Unidos.
La empresa llamada Inversiones WCA EIRL, señala el informe, envía el 100% de sus exportaciones maderables a México.
Los diferentes actores de la cadena de suministro utilizan documentos oficiales “para amparar madera extraída de zonas no autorizadas”. Todo esto, concluye el reporte, deteriora la competitividad del mercado legal y genera “corrupción, blanqueo de madera, tratos injustos con comunidades nativas, trata de personas y desaparición del bosque”.
El Centro para el Derecho Ambiental Internacional asegura que un metro cúbico de madera puede costar 70 dólares en la Amazonia y venderse hasta en 3,700 dólares al importador. Como en el caso de la droga, la red comienza en la selva e incluye una red de corrupción que se extiende a lo largo de todo el mundo.
En las aduanas mexicanas, mientras tanto, solo se solicita a los exportadores documentos de carácter fitosanitario. Un negocio perfecto.