“Preocupa desplazamiento forzado de zonas indígenas”
• Crimen organizado e instalación de megaproyectos son una amenaza, dice • Advierte que el acceso a la justicia de estos pueblos es limitado
El desplazamiento forzado de las comunidades indígenas por el crimen organizado y la instalación de megaproyectos representan una “preocupación muy seria” para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que urgió a mejorar los procesos de consulta.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades, puesto que grupos de la delincuencia y empresas de la industria energética buscan instalar megaproyectos en su territorio, lo que obliga a los grupos indígenas a abandonar su lugar de origen y esto deriva en una pérdida de su cultura e identidad.
“Estoy muy preocupada por este fenómeno. Para los pueblos indígenas lo más importante es permanecer en la tierra que ha sido suya desde tiempos memoriales, es la fuente de su supervivencia, de su identidad y cultura, si ellos son desplazados de sus territorios se está destruyendo su cultura e identidad. Es una preocupación muy seria, necesitamos que se hagan esfuerzos para llevar de vuelta a estos pueblos”, dijo.
La relatora de las Naciones Unidas realizó una visita a México del 8 al 17 de noviembre, durante la cual se reunió con más de 200 representantes de comunidades indígenas; visitó la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua y Guerrero. Examinó la implementación de las recomendaciones realizadas por el anterior relator Rodolfo Stavenhagen en 2003.
Evaluó cómo México ha incorporado sus compromisos internacionales de garantías individuales en relación con los pueblos indígenas. Presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2018.
Destacó que la impunidad contribuye a que este fenómeno siga, se requiere que haya paz y seguridad en estos territorios, para que las comunidades regresen y en el caso de los megaproyectos realizar la consulta a los habitantes, a fin de que se respete su derecho de permanecer en su lugar de origen.
Tauli-Corpuz advirtió que el acceso a la justicia de los pueblos indígenas es “limitado”, debido a que los tribunales se encuentran lejos de sus comunidades, además de que se requieren de mayores intérpretes para quienes no hablan español.
Destacó que debe incrementarse la capacitación a los operadores de justicia y fortalecer los sistemas de estas comunidades mediante el reconocimiento gubernamental.
Enfatizó que estas comunidades deben ser reconocidas como sujetos de derecho, por lo que las legislaciones en la materia deben garantizar la protección y promoción de los derechos humanos indígenas.
Resaltó que existe una brecha entre los instrumentos jurídicos que establecen el respeto a este sector de la población y su implementación.
¿De qué manera la violencia y el narcotráfico están impactando en el desplazamiento forzoso de las comunidades indígenas?, ¿les preocupa este fenómeno? —Estoy muy preocupada por el desplazamiento forzado, porque para los pueblos indígenas lo más importante es poder permanecer en la tierra que ha sido suya. Estos lugares son la fuente de su supervivencia, identidad y cultura, si ellos son desplazados de sus territorios se está destruyendo su cultura, identidad y sus derechos de continuar usando sus espacios para su propio beneficio, es una preocupación muy seria. Necesitamos que se hagan esfuerzos para realmente llevar de vuelta a estos pueblos indígenas a sus tierras de las que fueron desplazados y darles el apoyo necesario.
¿Tienen identificados en qué estados se presenta esto con mayor preocupación?
—No he ido a todo el país, pero en Guerrero ahí esta sucediendo, también en Chihuahua. Son áreas donde se presenta el desplazamiento de comunidades indígenas y espero que este tema se aborde.
¿Cual es el principal obstáculo para enfrentar el desplazamiento? —Tiene que haber paz y seguridad en las comunidades de los pueblos indígenas, la presencia del crimen organizado está haciendo que se muevan los pueblos indígenas, tiene que ser abordado.
En segundo lugar, en áreas donde se están creando megaproyectos ahí los pueblos indígenas están siendo desplazados, por ejemplo, tendría que haber una consulta con la gente antes de que inicien los proyectos y se tiene que abordar cuál va a ser el sitio de reubicación.
No hay negociación en estos temas y es por eso que las comunidades que están siendo desplazadas están en las peores condiciones.
Estos mecanismos de consulta a los pueblos indígenas deben tener sus puntos de vista, ¿cómo van a poder sobrevivir si son desplazados?, hay que darles tiempo para que sean igualmente productivas como las tierras que tienen que dejar.
¿Cómo contribuye la impunidad a incrementar este fenómeno? —La impunidad refuerza este fenómeno, porque cuando ocurre y hay alguna masacre o los niños son reclutados y hay una amenaza contra la comunidad, la gente tendrá que irse fuera de la comunidad. Los criminales que hacen este tipo de actos ven que no son arrestados o llevados a la cárcel, los pueblos indígenas son forzados a irse de sus comunidades, porque este tipo de impunidad se puede repetir y se van para prevenirlo.
Otro tema es la necesidad económica, si la comunidad está sujeta a un megaproyecto que no dará empleo, que no dará ningún beneficio también se ven forzados a irse de las comunidades para sobrevivir y eso explica la migración de los pueblos indígenas.
Los gobiernos tienen que entrar en un diálogo constructivo con estas comunidades para poder solucionar el problema.
En cuanto al acceso a la justicia, ¿qué fue lo que observaron?
—El acceso a la justicia es muy limitado, las cortes o los tribunales están lejos de donde viven, a veces no hay interpretación y muchos no hablan español, cómo puedes expresar tus quejas si nadie te va a entender.
El sistema de justicia ordinario no proporciona las posibilidades para que los pueblos indígenas accedan a él.
Si se quejan llevan sus asuntos a la corte, los perpetradores de este tipo de violaciones los pueden perseguir, entonces mejor se quedan callados y prefieren no hablar porque ponen en riesgo sus vidas.
En tercer lugar, considero que los propios sistemas de justicia indígena se tienen que revisar para protegerse a sí mismos.
En muchos casos estos sistemas no son apoyados o incluso reconocidos por el gobierno, los programas que pueden darles justicia se ven disminuidos.
Estos son factores que llevan a un acceso limitado a la justicia por parte de los pueblos indígenas, todo esto tiene que presentarse al gobierno.
Nos comentaron que estaban contratando a más intérpretes para entender los derechos de los pueblos indígenas, para que estas comunidades tengan un mejor acceso a la justicia.
¿Cuál es la recomendación para el gobierno mexicano para incrementar el acceso a la justicia? —Para que el gobierno reconozca los sistemas de justicia indígenas para que les permita operar y fomentar la justicia en las comunidades remotas, debe capacitar a los operadores de justicia, a las fuerzas policiales para que todos estén al tanto de los derechos de los pueblos indígenas y sean más sensibles hacia ellos.
También debe abordarse la criminalización, hay muchas personas que no han sido juzgadas en tribunales simplemente porque se están oponiendo al desarrollo de megaproyectos en sus comunidades.
Además, se ha criminalizado por estar ejerciendo su propio sistema de justicia, muchos están en la cárcel, tienen que ser liberados porque no hay ninguna base por la que estén encarcelados.
¿Cómo podemos establecer una política que vaya más allá de los sexenios y que no vuelvan a pasar otros 14 años y los encontremos en la misma situación?
—Tiene que haber una legislación que asegure los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional y que los instrumentos internacionales adoptados se traduzcan en una ley nacional.
Estas comunidades tienen que ser más fuertes, deben seguir defendiéndose y pidiendo sus derechos, mientras que los gobiernos deben comprometerse para que estas personas estén bien protegidas.
En su informe mencionaba que hay una brecha entre el marco legal y su adecuada implementación, ¿qué se necesita para cerrar esta brecha?
—Debe haber esfuerzos para crear conciencia entre las autoridades gubernamentales y dichas instituciones, para que entiendan mejor cuáles son los derechos de estos pueblos y la declaración de los pueblos indígenas, si lo entienden van a poder diseñar mejores mecanismos y actividades que puedan llevar a cabo para una implementación adecuada de los mecanismos de las Naciones Unidas.
Mencionaba que las instituciones no tienen las capacidades para la protección de los derechos indígenas, ¿cuál es la recomendación al gobierno mexicano para crear esas capacidades?
—El gobierno mexicano debe tener sesiones de capacitación con el personal de esas instituciones, puede venir del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, para dar este tipo de capacitaciones porque ellos tienen realmente que entender cuáles son los derechos que tienen los pueblos indígenas y cuáles son los que están reconocidos en los instrumentos internacionales.
¿Cómo implementar estos instrumentos?, por medio de políticas, mecanismos, así como proyectos y actividades que pueden llevar a cabo este tipo de capacitación.
Se tiene que hacer y tienen que recibir apoyo, incluso demandarlo, para recibir esa capacitación que es necesaria en esas instituciones.
Han pasado 14 años desde que su antecesor vino a hacer su informe, las recomendaciones fueron prácticamente las mismas, ¿qué ha pasado?
—Creo que no ha habido acciones sistemáticas por parte del gobierno para realmente implementar las recomendaciones del relator.
Para ser justos, han hecho algo en términos de las modificaciones a la Constitución, por ejemplo, el artículo 1 y 2 de la Constitución de 2011 y eso es nuevo. Pero, ¿cómo implementar estas disposiciones? Por medio de le- yes secundarias, es algo que tal vez todavía falta, los pueblos indígenas tienen que ser reconocidos como sujetos de derecho y por lo tanto tienen que ver legislaciones adicionales que garanticen que esto suceda y refleje la forma en la que se habla de los derechos humanos en la declaración de las Naciones Unidas, esto tiene que estar integrado en la ley nacional y esa es la razón por las que creo que hay una brecha.
En segundo lugar, han habido cambios en el gobierno; 14 años atrás había una administración distinta, creo que esa gestión no lo tomó en cuenta.
Las modificaciones gubernamentales tienen un impacto: la implementación de las recomendaciones.
En tercer lugar, pienso que hay una falta de voluntad política por parte del gobierno para tomar seriamente la forma en la que pueden implementar la declaración.
¿Cómo hacer para que los pueblos indígenas sean incluidos en el desarrollo económico del país? —Se necesitan consultas con los pueblos indígenas, cuando se hagan los megaproyectos o cuando hay alguna estrategia o plan de desarrollo para la nación.
Cada país generalmente tiene un plan de desarrollo; sin embargo, los pueblos indígenas no son consultados sobre qué tendría que incluir este programa.
Los programas sociales de educación y salud tienen que ser sensibles culturalmente hablando, algunos de esto programas no reflejan la cultura de los pueblos indígenas y las formas en las que ellos quieren fortalecer un sistema de salud tradicional o incluso revitalizar sus lenguas en las escuelas y en la sociedad en general.
Son necesarias medidas que permitan tener un diálogo sostenible e incluyente de los pueblos indígenas y las autoridades, para que juntos puedan crear un proyecto en el que estén de acuerdo los pueblos indígenas y el gobierno debe apoyar esas acciones.
En tercer lugar, siempre que haya compañías privadas que quieran entrar a territorios indígenas debe haber alguna conversación sobre cuáles son los beneficios para los pueblos indígenas, qué van a ganar si estas compañías entran a sus comunidades.
Actualmente, no hay procesos de consulta, ni diálogo, las comunidades se encuentran en una situación en la que sus territorios están siendo destruidos, sus productos son sacados de la comunidad y no se comparten los beneficios o las ganancias de estas compañías.
Eso tiene que cambiar, es necesaria una conversación acerca de compartir los beneficios con los pueblos indígenas.
“Para que el gobierno reconozca los sistemas de justicia indígenas, debe capacitar a las fuerzas policiales”
“Se necesitan consultas con los pueblos indígenas, cuando se hagan los megaproyectos. Cada país generalmente tiene un plan de desarrollo, pero, los pueblos indígenas no son consultados”