México unido ante embates de la naturaleza
En la historia del país, el salario ha representado un aspecto medular en el desarrollo económico y el bienestar social de la población, el único medio con el que disponen aún millones de familias para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a una mejorar calidad de vida.
Nuestra Constitución Política plantea en el artículo 123, fracción I, entre otros aspectos, que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, y que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos.
Establece, también, que los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. En este mismo sentido, el artículo 557 de la Ley Federal del Trabajo, señala que el órgano facultado para fijar los salarios mínimos general y profesionales es el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
A fin de cumplir con estos preceptos, el gobierno de la República estableció desde el inicio de la actual administración, como uno de sus compromisos centrales, el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores.
La experiencia internacional ha demostrado que un aumento a los salarios mínimos podría tener como resultado un mayor dinamismo económico, gracias a un incremento del consumo.
En general, se trata de un asunto medular para los mexicanos. A fin de dimensionar el alcance y relevancia del tema, cabe señalar que la fuerza laboral del país es de poco más 54 millones de personas, de la cual 96% está ocupada, y seis de cada 10 personas ganan de uno y hasta tres salarios mínimos.
Durante los últimos cinco años el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales, o de 45 por ciento nominalmente, lo que no había sucedido desde hacía más de 30 años. Esta tendencia contrasta con la pérdida del poder adquisitivo de 21 por ciento real, observado en los 18 años de las tres administraciones federales pasadas. En este sentido, la Comisión decidió adelantar el aumento al salario mínimo a partir del próximo 1 de diciembre, el cual pasará de 80.04 a 88.36 pesos diarios.
El Estado mexicano, como principal garante de los derechos fundamentales, ha implementado diversas acciones con el objetivo de garantizar un sueldo justo, que coadyuve al fortalecimiento el poder adquisitivo de un sector importante de la población.
Basta recordar la reducción de la brecha de los salarios mínimos de las áreas geográficas A y B, y su homologación a partir del 1 de octubre de 2015, que representó un paso histórico, pues los trabajadores perciben sin importar dónde residan o trabajen, un salario mínimo en todo el país. Asimismo, destaca la reforma para la desindexación del salario mínimo, que crea la Unidad de Medida y Actualización para desvincular el salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos y prestaciones, entre otros conceptos administrativos y financieros.
Hay avances notables, no obstante, los desafíos aún son formidables, por lo que es indispensable seguir consolidando la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, a través de la coordinación entre los diversos actores involucrados, para incrementar la productividad laboral y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.