Roberto Rock L.
FEPADE: el hombre de Osorio Chong
Como pústula sangrante en un rostro, el nombre de Raúl Arroyo González y de otros operadores de los albañales del sistema político en la lista de aspirantes a relevar a Santiago Nieto como titular de la FEPADE, parece un cruel amago de la suerte que puede correr esa entidad clave para garantizar elecciones limpias el próximo año.
Contra lo que se esperaba, el apresurado registro, ubicado en pleno feriado y que exigió de los interesados decenas de documentos notariados, no atrajo a figuras con trayectoria partidista. Ello fue un temor extendido entre amplios círculos de la sociedad civil, recogido en este mismo espacio el domingo último, lo que incluyó el señalamiento de que Ricardo García Cervantes, veterano militante del PAN, podría acabar asumiendo el cargo.
Pero este abogado coahuilense podría ser un niño de brazos en materia de malicia política si se le compara con alguno de los personajes que aparecen en la relación de 21 registrados ante el Senado al cierre del proceso, la tarde del viernes.
Es el caso del citado Raúl Arroyo González, relacionado por décadas con el hermano mayor del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Eduardo Osorio Chong es considerado la mente maestra de la familia en materia de negocios, promoción de empresas contratistas y creación de una generación de subordinados.
Arroyo González (Pachuca, 1959) ha tenido posiciones importantes en la política de Hidalgo, siempre bajo el ala protectora de Eduardo Osorio y presumiblemente, de su hermano, el titular de la Secretaría de Gobernación.
El aval de este último debió ser fundamental para que el señor Arroyo se desempeñara durante 17 meses como delegado de la Procuraduría General de la República, y no en cualquier lugar, sino en el Estado de México, una de las tres entidades más complejas del país en materia de inseguridad y ligas de la política con el crimen organizado.
Sin duda, don Raúl Arroyo ha sido afortunado en la política, pues no bien ha terminado un cargo público brinca a otro, o regresa a uno anterior, todo con tal de seguir sirviendo a la causa que le es encomendada.
Así, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia Estatal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y también (lo que merece suma atención), magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entre 2005 y 2009, tarea que le cayó como anillo al dedo pues en el primero de esos años llegó a la gubernatura del estado Miguel Ángel Osorio Chong.
El señor Arroyo debió pedir licencia al Congreso estatal para dejar su oficina como magistrado local de la segunda sala penal, a fin de asumir las tareas de ómbudman estatal, donde se afanó en ser una pesadilla para la gestión del priísta José Olvera (2011-2016), cuyas fricciones con Eduardo Osorio Chong cobraron dimensiones sin precedentes en la historia moderna del estado.
El mayor de los Osorio despachó durante años en sus oficinas del fraccionamiento San Javier, ubicado en el bulevar Valle de San Javier, en Pachuca, la capital hidalguense. Hasta ahí debieron llegar durante la última década, funcionarios locales y después federales en pos de instrucciones, lo mismo que empresarios y otros personajes. Asiduo visitante lo ha sido siempre su amigo Raúl Arroyo González, quien valiéndose de su rol como operador electoral de ese clan político en Hidalgo, intentó ser magistrado del tribunal federal electoral. Pero ahora parece ser enviado para otra intentona: la FEPADE, que algo es algo, han de decir.
En los primeros análisis sobre la lista final de registrados se destaca un grupo que dentro y fuera del Senado es considerado con mayor probabilidades de avanzar hacia la votación secreta que deberá celebrarse en la Cámara Alta en la segunda semana de diciembre.
En esa lista de virtuales finalistas figuran lo mismo funcionarios de carrera que figuras con bendición partidista. Entre los primeros habría que mencionar a Alejandro Porte Petit González, quien fuera el número dos de la FEPADE con Santiago Nieto al frente; a José Cuitláhuac Salinas Martínez, titular de la SEIDO en la PGR, y a Laura Borbolla, ex titular de Extradiciones y ex fiscal de Libertad de Expresión, también en la PGR.
Entre los que inevitablemente provocan un arqueo de cejas están Augusto José Isunza, actual fiscal electoral en el Estado de México, una instancia muda durante las controvertidas elecciones recién celebradas en aquella entidad. O Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, director de tesis del presidente Enrique Peña Nieto en la Universidad Panamericana. También Pedro Miguel Ángel Garita Alonso, muy cercano a senadores del PAN y el PRI, en particular al líder de la fracción del Institucional, Emilio Gamboa.
El nombre de Raúl Arroyo González en la lista de aspirantes a relevar al ex titular de la FEPADE, parece un cruel amago de la suerte que puede correr esa entidad clave para tener elecciones limpias