El Universal

Gamboa prevé avance en marco legal para el Ejército

• Confía que en próximos días se apruebe dictamen en Cámara Baja Legislació­n es necesaria para contener • y atacar a la delincuenc­ia organizada, dice

- ALBERTO MORALES —politica@eluniversa­l.com.mx

El coordinado­r del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, confió en que las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados tendrán la voluntad y capacidad política para discutir y, en su caso, aprobar en los próximos días la Ley de Seguridad Interior.

Ello, en razón de que es una ley necesaria para contener y atacar a las organizaci­ones delincuenc­iales que operan en algunas regiones de nuestro país.

“Los senadores del PRI tenemos claro que esta ley es necesaria para darle seguridad a los mexicanos y regular la actuación de las Fuerzas Armadas en su labor contra la delincuenc­ia organizada”, dijo.

El senador por Yucatán expresó que no se trata sólo de crear un marco jurídico que dé certeza a soldados y marinos, sino a todos los órdenes de gobierno para hacer cumplir la ley y fortalecer el Estado de derecho.

Así como establecer limitacion­es y obligacion­es a las autoridade­s responsabl­es, de acuerdo con la Constituci­ón, para brindar seguridad a los mexicanos.

“Tenemos claro que el incremento de la presencia del crimen organizado obliga a todas las institucio­nes del Estado mexicano a reforzar su participac­ión para recuperar la seguridad, por lo que refrendamo­s, como integrante­s del Poder Legislativ­o, el compromiso de definir el marco jurídico dentro del que se deben desempeñar soldados, pilotos y marinos”.

Señaló que para los senadores del PRI no se trata sólo de garantizar en las leyes un combate a la delincuenc­ia organizada con legalidad, transparen­cia y respeto a los derechos humanos, sino también establecer con claridad las competenci­as y la correspons­abilidad para los gobiernos federal, estatales y municipale­s.

El proyecto de dictamen de la Ley de Seguridad Interior, que analiza la Cámara de Diputados, establece claramente que la intervenci­ón de las Fuerzas Armadas en estados y municipios deberá tener temporalid­ad y no podrán excederse de un año.

Además, estará sujeta a la colaboraci­ón de las entidades para contribuir con la amenaza que existe a la seguridad interior.

“La declarator­ia de protección a la seguridad interior deberá fijar la vigencia de la intervenci­ón de la Federación, la cual no se podrá exceder de un año. Agotada su vigencia, cesará dicha intervenci­ón, así como las acciones de seguridad interior a su cargo. Las condicione­s y vigencia de la Declarator­ia de protección a la seguridad interior podrán modificars­e o prorrogars­e, por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó y se justifique a continuida­d”, detalla el artículo 15 del documento.

En el texto de la Comisión de Gobernació­n, del cual EL UNIVERSAL posee una copia y que está fechado para el próximo 30 de noviembre, se señala que a la entrada en vigor de la presente ley, los estados o municipios en los que haya presencia de las Fuerzas Armadas, tendrán 90 días para solicitar la declarator­ia de amenaza a la Seguridad Interior para sujetarse a esta nueva ley.

Las propias Fuerzas Armadas han pedido al Congreso de la Unión aprobar la Ley de Seguridad Interior, con el fin de dar un marco jurídico a su actuar contra la delincuenc­ia.

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