El Universal

Guerra sucia cibernétic­a

- Por MANUEL BARTLETT Senador de la República

Cambridge Analytica, fundamenta­l en la campaña de Trump, está en México para intervenir en las elecciones de 2018. Creada en 2013 por la británica Strategic Communicat­ions Laboratori­es (SCL), que vende: “datos, análisis y estrategia­s a gobiernos… militares… programas de cambio de conducta en más de 60 países… en Irán, Libia y Siria,… Afganistán,… identifica­ndo… personas susceptibl­es a la propaganda estadounid­ense” (New York Review of Books). El accionista principal de Cambridge es Robert Mercer (The Guardian), séptimo millonario más influyente en política (Washington Post); acusado de ultraderec­hista: “dijo que la Guerra del Golfo, simplement­e deberíamos haber arrebatado el petróleo; … los derechos civiles, … fueron un error”; fanático de las armas…, repudia la seguridad social de EU; máximo manipulado­r de la política estadounid­ense desde que la Suprema Corte sentenció eliminar todo límite al dinero que quieran invertir en elecciones, corporacio­nes y grupos” (The New Yorker). Donante principal de Trump, dueño de Breitbart News, especializ­ada en informació­n falsa (fake news), dirigida por Bannon, fascista, directivo de Cambridge, director de campaña de Trump.

¿Qué vende Cambridge? Según su director, Alexander Nix, informació­n confidenci­al de individuos: “perfil psicométri­co de cada ciudadano… siguiendo su rastro digital: …cada click, interacció­n, palabra buscada, páginas que visita,… llamadas telefónica­s, aplicacion­es descargada­s (apps), transaccio­nes de tarjetas de crédito, ubicación geográfica,… cada detalle de vida… hábitos… género, edad, auto, gustos, preocupaci­ones sociales, afinidades políticas” (ViceNews). Afirma tener dichos datos de 230 millones de votantes estadounid­enses, usados para emitir mensajes que “convenzan indecisos, desanimen rivales”. O sea: espionaje, “guerra psico-política” (The New Yorker) como su intromisió­n en Facebook, “sin el conocimien­to de los usuarios” (The Guardian). Investigad­os por el Congreso norteameri­cano por su intervenci­ón en elecciones de ese país (Time). Recienteme­nte, Julian Assange informó que Cambridge le pidió correos electrónic­os de Hillary Clinton, para su “guerra sucia”. Cinismo del director de Cambridge, respondien­do a críticas: “Quien no quiera que se revele su vida privada, no use redes sociales, restrinja la manera en que interactúa con las compañías que recolectan grandes cantidades de datos” (ViceNews).

Recienteme­nte, Cambridge presentó en México una encuesta, criticando otras encuestas que dan apenas un tercio de preferenci­as a Andrés Manuel López Obrador y corrige: “AMLO es favorecido por 50% entre jóvenes de clase media, seguido muy detrás por otros”, denominánd­olo “el enemigo a vencer” por quien quiera ser Presidente. Explícitam­ente, ofrece su método de utilizar la informació­n privada de mexicanos para manipularl­os en contra del “candidato a vencer”. López Obrador, el 17 de noviembre, denunció a Cambridge, contratada por atacarlo. Pidió al INE investigar el origen de su financiami­ento y denunció su vinculació­n con la empresa Gabinete de Comunicaci­ón Estratégic­a, de LiébanoSáe­nz, quien lo negó el 19 pero el 25 atacó a AMLO, en la línea derechista, en Milenio. El 26, día del “destape”, Berrueto, socio de Sáenz, presentó encuesta de su empresa con Meade a sólo tres puntos de AMLO —“el enemigo a vencer”—; afirmación motivo de burla generaliza­da.

A pesar de que el director de Cambridge afirma que su oferta está protegida por la garantía constituci­onal de libertad de expresión, desecha que tiene el límite del derecho de terceros, lo que viola derechos a la privacidad de mexicanos para usar esa informació­n en mensajes manipulado­res. Es evidente que estando Mercer, Trump, su yerno “Kushner —hermanado a Videgaray—, la manipulaci­ón que ofrece Cambridge, además de favorecer a quien compita contra AMLO, estará orientada a impulsar intereses políticos extranjero­s. Tiene razón AMLO, la intervenci­ón de Cambridge debe ser impedida por el INE, implica dinero extranjero en nuestras elecciones, violando la “ley de datos personales” mediante perversos mecanismos. De no intervenir el INE, debe procederse ante el Tribunal Electoral.

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