Ley de Seguridad Interior que proteja derechos
Cuando parecía que la LXIII Legislatura concluiría sin haber aprobado la Ley de Seguridad Interior, finalmente, el jueves de la semana pasada, los diputados lograron el acuerdo mayoritario para aprobar dicha Ley y enviar la minuta al Senado que, seguramente, habrá de pronunciarse al respecto antes del fin del periodo de sesiones. De ser aprobada por los senadores —que es lo que parece más probable— habrá terminado uno de los procesos legislativos más largos y polémicos de los últimos años.
Soy un convencido de la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco legal adecuado para su actuación en tareas que corresponden y deberían estar llevando a cabo, en primera instancia, las autoridades civiles. Los niveles tan peligrosos que han alcanzado la violencia y la inseguridad provocada por las organizaciones criminales, ponen en riesgo nuestra viabilidad como nación y hacen indispensable la participación del Ejército y la Armada en estas tareas. En muchas regiones de nuestro país, son los únicos que lo pueden hacer porque los cuerpos policiales estatales o locales, o no tienen la preparación adecuada, o han sido cooptados por las organizaciones criminales o, lo que es peor, simplemente no existen.
Más allá de que en determinados momentos las iniciativas sobre la materia fueron utilizadas como moneda de cambio por algunos grupos parlamentarios, debemos reconocer que también existen muchas preocupaciones legítimas que deben de ser consideradas por los legisladores. Por una parte, hay quienes piensan que la Ley puede perpetuar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que esto hará imposible su regreso a los cuarteles. Y, por otra parte, son legítimas las preocupaciones que tienen las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de los derechos humanos que exigen que la actuación de las Fuerzas Armadas se dé en estricto apego al régimen que en materia de Derechos Humanos establece nuestra Constitución. Por si fuera poco, el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación en el mismo sentido.
Es urgente romper el círculo vicioso en el que nos encontramos: los gobiernos locales piden la intervención de la Federación porque solos no pueden hacer frente a las bandas delincuenciales, pero, no hacen absolutamente nada para contar en sus entidades federativas con policías bien preparadas y que aprueben los controles de confianza. La falta de capacidad de los gobiernos locales para enfrentar el crimen organizado ha hecho que sean el Ejército y la Marina los que lleven a cabo las funciones que corresponden a las autoridades civiles, sin un marco jurídico suficientemente claro.
El tema a cuidar es sin duda el de los Derechos Humanos, en el que México cuenta con una legislación de avanzada. Una de las reformas más trascendentales que se han hecho a nuestra Constitución en la última década, es la reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, que estableció que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
Considero que las Fuerzas Armadas son lo mejor (en algunas regiones lo único) que tiene el país para enfrentar los desafíos del crimen organizado y es indispensable contar con un marco regulatorio que dé seguridad jurídica a su actuación y que, al mismo tiempo, incentive a los gobiernos locales para que en un tiempo perentorio cuenten con policías civiles debidamente capacitadas y certificadas que realicen las funciones que hoy realizan las Fuerzas Armadas. Sí podemos tener una buena Ley de Seguridad Interior (está en manos de los legisladores que así sea) que garantice el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.