El Universal

Alejandro Hope

Después de la Ley de Seguridad Interior

- alejandroh­ope@outlook.com @ahope71

“Hay que revisar el viejo arreglo que distanciab­a a militares de la política y a civiles de temas castrenses; hoy la línea entre ambos sectores es más tenue de lo que era”.

Con toda probabilid­ad, la Ley de Seguridad Interior será aprobada mañana. Con toda probabilid­ad, será promulgada antes de Navidad. Esa es una mala noticia, pero no puede ser el final del proceso. Hay aún muchos pleitos que dar.

Vendrán varios retos judiciales a la ley. Vendrán controvers­ias constituci­onales y vendrán amparos. Algunos se perderán, otros se ganarán. Al final del día, esta norma podría morir en los tribunales.

Pero ese final y ese día podrían tardar en llegar. En lo que llega, hay que llevar la discusión al ámbito político. Y allí se imponen dos tareas.

En primer lugar, hay que relanzar la discusión sobre la reforma policial. Escribí sobre eso el viernes pasado y no quiero sonar reiterativ­o, salvo para decir lo siguiente: la tarea más urgente y la que nos puede sacar más rápidament­e de este brete es reiniciar la construcci­ón de la Policía Federal (PF) y duplicar su tamaño.

Segundo, si las Fuerzas Armadas no van a regresar a los cuarteles en el futuro previsible, es indispensa­ble encontrar fórmulas para fortalecer el control civil sobre el aparato militar.

En los años cuarenta del siglo XX, cuando los generales le trasladaro­n el poder a los civiles, se labró un arreglo implícito: los militares decidieron no involucrar­se en política y, a cambio de ello, los civiles se alejaron de los asuntos castrenses.

Ese pacto no escrito le sirvió muy bien al país durante varias décadas. No está de más recordar que no ha habido en México un cambio violento de gobierno desde 1920. No ha habido una rebelión militar desde 1938. No ha habido un uniformado en la Presidenci­a desde 1946. En América Latina, no son triviales esos datos.

Pero ese arreglo tenía una premisa implícita: el mandato de las Fuerzas Armadas tenía que ser limitado. Y eso, para bien o para mal, se acabó hace (al menos) una década. Hoy, los militares se involucran en varios temas que rebasan su área natural de competenci­a, desde la seguridad pública hasta la protección civil, pasando por la asistencia social.

En consecuenc­ia, la línea entre lo civil y lo militar es mucho más tenue de lo que era. Ejemplo: esta misma semana, los más altos mandos del Ejército y de la Marina se pronunciar­on sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de amnistiar a delincuent­es. Las apreciacio­nes del general Cienfuegos y el almirante Soberón pueden ser correctas, pero no pueden alegar que no son declaracio­nes políticas.

En consecuenc­ia, se ha vuelto indispensa­ble revisar el viejo arreglo. Eso implica varias cosas. Por ejemplo:

1. Acabar con el anacronism­o de tener dos secretaría­s militares y fusionarla­s en una sola secretaría de defensa.

2. Crear un estado mayor conjunto de las Fuerzas Armadas

3. Nombrar a un civil como secretario de defensa

Esto puede sonar revolucion­ario, pero no lo es. En América Latina, sólo hay dos países que nunca han tenido un civil a la cabeza de

Hay que relanzar la discusión sobre la reforma policial: la tarea más urgente y la que nos puede sacar más rápidament­e de este brete es reiniciar la construcci­ón de la Policía Federal y duplicar su tamaño

su ministerio de defensa: México y Guatemala. Somos la gran anomalía en la región.

También somos anómalos en otro sentido: gastamos muy poco en nuestras Fuerzas Armadas, mucho menos como proporción del PIB que casi cualquier otro país latinoamer­icano.

Entonces, tenemos allí los términos potenciale­s de un nuevo arreglo: más presupuest­o a cambio de más control civil.

¿Puede suceder mañana? Tal vez no. Tal vez se requiera una transición donde gradualmen­te crezca el presupuest­o de defensa y se incorporen los civiles a los asuntos militares. Tal vez el primer secretario civil tendría que ser un militar en retiro.

Pero un hecho es claro: el viejo arreglo ya no funciona bien. Ya no le sirve ni a civiles ni a militares. Y toda esta discusión sobre la ley de seguridad interior lo acabó de demostrar.

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