Los mirones no son de palo, sino delincuentes
Hace apenas unos meses, se dio a conocer por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que en México se han detectado más de 12 mil 300 cuentas de internet que distribuyen fotos y videos en los que se exhiben a menores de edad explotados sexualmente, siendo las principales víctimas niñas y adolescentes de 11 a 15 años de edad.
La problemática es alarmante, toda vez que, a nivel mundial, nuestro país se ubica en el primer lugar en difusión de pornografía infantil, según la clasificación que ha realizado la ONU, así como el Departamento de Seguridad de EU. Por otro lado, de acuerdo con información de la Red Internacional por el Fin de la Prostitución Infantil y Tráfico de niños con fines sexuales (ECPAT, por sus siglas en inglés), México es el principal productor de pornografía infantil en el mundo.
Es decir que no sólo somos un país distribuidor de pornografía, sino productor y, por lo tanto, también consumidor. Lo cual nos revela el rostro oculto de una sociedad con un alto grado de descomposición.
Durante la Cuarta Jornada de Ciberseguridad, México 2017, se dio a conocer que, Veracruz es uno de los estados donde se ha incrementado este delito, destacando que el perfil de las personas detenidas, principalmente, son hombres de entre 18 a 35 años de edad pertenecientes a la clase media alta.
Resulta evidente que si la pornografía infantil va en ascenso y es un negocio altamente lucrativo, es porque existen cada vez más clientes, lo cual, como he señalado en diversas ocasiones, amerita reflexiones profundas y acciones enérgicas por parte de las autoridades. La pornografía infantil está construida sobre complicidades, tanto institucionales como sociales, incluso familiares. Como se ha denunciado en diversos espacios, la corrupción ha alcanzado a las autoridades, pero también hay que reconocer que la sociedad no está al margen de ésta.
Es necesario preguntarnos dónde están las madres y padres de esos niños explotados, dónde están y qué hacen las familias de los clientes que, de una u otra manera, tienen sospecha o conocimiento de que son consumidores de pornografía, al igual que las de los productores y distribuidores.
Todo parece indicar que estamos frente a un delito que se sustenta en una cultura permisiva y cómplice, capaz de guardar los secretos más atroces. Una sociedad omisa y de doble moral que en la intimidad da rienda suelta a las peores felonías. En este escenario, es urgente que los tres poderes y niveles de gobierno, tomemos cartas el asunto, no sólo para castigar con toda la fuerza de la ley a los delincuentes, sino también a los clientes.
En este escenario, el fallo unánime de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido de gran relevancia y oportunidad, al aprobar que almacenar pornografía infantil debe ser considerado como trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de edad.
Con esta decisión, que quede claro, cualquier material con contenido sexual que esté en posesión de una persona, que involucre niñas, niños o adolescentes, será castigado como trata.
El fallo constituye un parteaguas jurídico que debemos elogiar pero también que debemos difundir. Hoy no queda duda que, contrario al dicho popular, los mirones no son de palo, sino delincuentes (tratantes).