Roberto Rock L.
“El arresto de Alejandro Gutiérrez es una historia con aroma a la vieja política mexicana, que gusta de usar herramientas judiciales para deshacerse de adversarios políticos”.
Existe algo cautivador en la trama derivada del expedito arresto y encarcelamiento del empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez, cercano amigo del más relevante líder priísta vigente, Manlio Fabio Beltrones, y socio de Carlos Slim. Se trata de una historia plena de contradicciones, con un ineludible aroma a la vieja política mexicana, que gusta de echar mano de herramientas judiciales para deshacerse de adversarios políticos.
Desde las primeras hora del martes 19 (cuando se publicó una filtración sobre supuestos desvíos de fondos públicos en Chihuahua para campañas del PRI), la cascada de acontecimientos ha sembrado el enigma en muchos observadores sobre si estamos ante un saludable castigo por corrupción de personajes ligados a la política, o si presenciamos un intento de purga contra un sector priísta rebelde ante la postulación de José Antonio Meade como candidato presidencial del oficialismo.
Gutiérrez Gutiérrez (Saltillo, 1956), el aparente eje de una conspiración político-financiera, ahora en prisión tras ser conducido aparatosamente ante un juez en Chihuahua, resulta justo la pieza que menos podría encajar en este entramado.
Se trata de uno de los hombres más ricos de Coahuila, accionista de Minera Frisco —propiedad el Grupo Carso—, que factura anualmente cerca de 14 mil millones de pesos. Nieto de Eulalio Gutiérrez, el general revolucionario que fue en un solo y turbulento año (1914-1915), gobernador de San Luis Potosí y, por 40 días, presidente de la República.
Acaudalado, apasionado de la aviación, piloto de sus propios aviones (acumula más de 10 mil horas de vuelo), benefactor de diversos organismos cívicos, el problema de Gutiérrez fue haber sido picado por la política. Se afilió hace 37 años al PRI, donde desempeñó encargos modestos, luego fue diputado local (1985), diputado federal (1994) y senador de minoría (2000-2006). En sus encomiendas legislativas tuvo tareas sustantivas en comisiones ligadas a las finanzas públicas. En 1999 fracasó en su intento por ser candidato a la gubernatura, derrotado por Enrique Martínez y Martínez.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido la tarde del miércoles 20 por agentes federales cerca del aeropuerto que sirve a Saltillo; apresuradamente trasladado a la capital de Chihuahua y puesto a disposición del fiscal estatal del gobierno del panista Javier Corral, quien la mañana de ese mismo día había declarado a la prensa que no existía evidencia de delito alguno que implicara a dirigentes del PRI, en obvia alusión a Manlio Fabio Beltrones y su amigo-consejero.
Al momento de su arresto, el empresario se disponía a trasladarse a la capital del país para asistir al velorio de la suegra de Beltrones. Una casualidad, de las que en política no existen, según los clásicos del género. Pero casual o no, se trató de un dardo envenenado al corazón del priísta sonorense.
Los aparentes hechos que nutren esta historia son sin duda perturbadores. La filtración periodística en la que se basó el arresto de Gutiérrez asegura que un testigo “encubierto” de la justicia de Chihuahua, identificado como Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda en el gobierno estatal de César Duarte (2010-2016), declaró que 250 millones de pesos fueron desviados a campañas del PRI en varios estados durante 2016. En este contubernio habrían intervenido Manlio Fabio Beltrones como presidente priísta (2015-2016) y el citado Alejandro Gutiérrez, secretario general adjunto del partido oficial en el mismo periodo. Pero también un funcionario clave en la Secretaría de Hacienda federal, Alfonso Issac Gamboa, bajo la gestión de Luis Videgaray, actual canciller.
El escaparate de la opinión pública colocó así a descubierto a Beltrones y a su consejero Gutiérrez, lo mismo que a Videgaray y su colaborador, Gamboa Lozano, quien arribó al actual equipo en Los Pinos desde las campaña presidencial del 2012 y figuró en el grupo de transición.
El mismo día 19 en que se publicó la filtración periodística, Hacienda emitió un sobrio comunicado donde subraya la trasparencia de los recursos federales, que son ejercidos bajo supervisión de la Auditoría Superior; recuerda que una vez transferidos, la responsabilidad en su ejercicio es de los estados. Y sostiene que una declaración aislada en una indagatoria judicial no tiene carácter probatorio alguno. El canciller Videgaray ni siquiera se dio por aludido. Beltrones calificó las imputaciones como “inverosímiles”.
Hasta donde se conoce, nadie en Hacienda ha sido citado a rendir una declaración sobre la materia. Nadie tampoco ha requerido nuevos arrestos por parte de agentes federales ante señalamientos del mismo testigo protegido sobre los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, o de Tamaulipas, Egidio Torre. El gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, no ha explicado por qué el día 20 dijo enfáticamente que no había nada que ligara a dirigentes priístas, pero policías suyos estaban presuntamente por intervenir en Saltillo en el arresto de Alejandro Gutiérrez. El empresario que quizá nunca imaginó que la política lo haría alguna vez pasar una Navidad en prisión.