Nadie ha impugnado la Ley de Seguridad: Corte
• Plazo para una acción de inconstitucionalidad vence el 20 de enero • Aguilar Morales pide minuto de silencio por muerte de ministro
A 18 días de que venza el plazo para que sean presentadas las acciones de inconstitucionalidad anunciadas en contra de la Ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no las ha recibido, de acuerdo con el ministro presidente Luis María Aguilar.
“Quiero mencionar, que pese a que se señala en los medios que se presentarán acciones de inconstitucionalidad en contra de la recién expedida Ley de Seguridad Interior, no han sido presentadas hasta este momento”, aseguró Aguilar, durante el inicio del periodo de sesiones 2108.
Debido a que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la ley el pasado 21 de diciembre de 2017 y que se cuenta con 30 días naturales para presentar las impugnaciones, el plazo vence el 20 de enero.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Luis Raúl González Pérez y organismos nacionales e internacionales se pronunciaron en contra de la entrada en vigor de la ley y anunciaron que promoverían acciones para prevenir que se vulneren las garantías individuales de los mexicanos.
Los organismos defensores de los derechos humanos han señalado que existe ambigüedad en la presentación del texto, con lo que se provocaría la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier actividad, en tanto sea calificada como riesgo a la seguridad interior.
Antes de iniciar la sesión y de enumerar los pendientes del segundo periodo de sesiones del año pasado, el ministro presidente Aguilar Morales pidió que se guardara un minuto de silencio en memoria del ministro Carlos de Silva Nava, quien falleció la mañana del martes.
Enseguida, el ministro enlistó temas que la Corte de Justicia verificará a partir de este primer día hábil en que inicia el primer periodo, como que se verificará si el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) incurrió en una repetición de un acto reclamado.
También se pronunciarán sobre la ley reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de réplica, y de un amparo en revisión.
Revisión fueron militar. También mencionó como otros asuntos pendientes como el alcance del fuero militar, las acciones de inconstitucionalidad en las que se impugnan normas locales por ser contrarias según el argumento a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal y, por último, en el ámbito municipal, la validez de las normas que facultan a los tribunales locales para destituir a los integrantes de un ayuntamiento por incumplimiento de sentencias.
“Quiero reiterar que sin seguridad jurídica, sin la actuación de todos dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar, no sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja.
“Para que el Derecho sea una realidad se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente, sancionando al que no la cumple”, aseguró Aguilar Morales al finalizar el recuento de los pendientes en la Corte.
Después agradeció a los integrantes de la SCJN, ya que la seguridad jurídica en nuestro país, la resolución de las controversias constitucionales entre autoridades, se han ampliado de manera progresiva como en los tribunales constitucionales de avanzada en el mundo, lo que coloca a la SCJN como una institución confiable e imparcial que colabora de manera directa a la paz social.
“Para poder vivir en paz, para poder vivir en un verdadero Estado de derecho constitucional debemos cumplir con la ley, hagámoslo por México, todos los días, cada uno de nosotros como funcionarios y como ciudadanos, no sólo en los discursos”, finalizó el ministro Aguilar Morales.
La ministra Norma Lucía Piña leyó el Informe de Actividades de la Comisión de Receso del segundo periodo de sesiones de 2017, en el que se recibieron 146 expedientes, 590 promociones, y se dictaron 21 acuerdos, en los que se admitieron a trámite cinco controversias constitucionales.