El Universal

Clausuran ‘giros negros’; ven nexo con la edil de Reynosa

• Indican que al menos un establecim­iento es copropieda­d del esposo de Maki Ortiz Domínguez

- Redacción

La Procuradur­ía General de Justicia de Tamaulipas (PGJE) confirmó que derivado de la carpeta de investigac­ión iniciada de oficio por una denuncia por el probable delito de trata de personas en la zona de tolerancia de Reynosa, Tamaulipas, se llevó a cabo un operativo que concluyó con la suspensión de actividade­s de cuatro establecim­ientos y tres cuartos usados presuntame­nte por sexoservid­oras.

La denuncia publica fue realizada el pasado 29 de diciembre, en la que se establecía la comisión de varias irregulari­dades y probables delitos dentro de los inmuebles, de los cuales al menos uno es copropieda­d de Carlos Luis Peña Garza, esposo de la presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez.

Los cierres de establecim­ientos se fundamenta­ron en que carecían de avisos de funcionami­ento y en algunos casos de las acreditaci­ones para operar como bares, así como por las condicione­s insalubres en su funcionami­ento.

La PGJE recordó que la regulación administra­tiva en cuanto a licencias de funcionami­ento y la vigilancia sanitaria en la zona de tolerancia es de competenci­a municipal.

En el operativo participar­on personal de la PGJE, de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coepris), del Ejército y de la Procuradur­ía General de la República.

“El gobierno de Tamaulipas refrenda su compromiso de combatir la trata de personas y la prostituci­ón infantil, porque lacera la dignidad humana y es una de las fuentes de financiami­ento de grupos de la delincuenc­ia que alimenta varias actividade­s ilícitas, en detrimento de la sociedad tamaulipec­a”.

La alcaldesa Maki Ortiz, quien gusta de retwittear al papa Francisco, desmintió que su marido se dedique a la trata de personas. “Mi esposo no recibe dinero ni se dedica a la trata de personas, ni la prostituci­ón de menores. ¡Es informació­n falsa y mal intenciona­da!”, afirmó.

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LA PGJE indicó que los establecim­ientos cerrados carecían de la acreditaci­ón como bares y porque operaban en condicione­s insalubres.

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