¿Hacia el fin del pacto de impunidad?
El mayor reto que enfrentan los candidatos a la Presidencia de la República es terminar con el pacto de impunidad que protege a los corruptos.
La cleptocracia (del griego clepto, robo, y cracia, fuerza) es el establecimiento del poder basado en el robo de capital, institucionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, de forma que estas acciones delictivas queden impunes debido a que la totalidad de los sectores del poder están corruptos, desde la justicia, los funcionarios de la ley y todo el sistema político, económico y electoral.
Tenemos un Presupuesto de Egresos ficticio y el gobierno hace lo que quiere con nuestro dinero de manera impune, nos dice Leonardo Núñez en su libro ¿Y dónde quedó la bolita? (Aguilar, 2016).
El más reciente episodio es que la fiscalía de Chihuahua ha acreditado el desvío de recursos públicos para las campañas del PRI en el sexenio del priísta César Duarte. Tiene razón Porfirio Muñoz Ledo cuando señala que la multiplicación de gobernadores priístas a quienes se les han probado delitos electorales debería llevar a la cancelación del registro del PRI como partido político.
En 2000 y 2006 la alternancia electoral no llevó a una ruptura del pacto de impunidad. Tanto Fox como Calderón dejaron intocadas las redes de negocios ilícitos, de complicidad y de encubrimiento que caracterizan al ‘sistema’ mexicano. Cambiaron las personas, pero permanecieron las prácticas corruptas. Si un ex gobernador va a dar a la cárcel, es para cumplir su parte de un trato que le permita conservar el dinero robado a cambio de su silencio.
En 2018 el candidato del PRI no levanta. No concita ni el apoyo de la base priísta. En la antesala de la elección presidencial del 1 de julio la cleptocracia que nos desgobierna teme por su suerte.
Nuestras élites quieren asegurarse que quien llegue a la Presidencia permita su reproducción sin moverle un milímetro a las reglas no escritas.
Los sindicatos oficialistas son meras correas de transmisión de los grandes grupos económicos y fuentes de apoyo político corporativista. Que amplias franjas de los mexicanos apenas sobrevivan con salarios de miseria no es un problema; sólo se torna una dificultad cuando no hay quien contenga la ira popular.
Sólo en 2017 fueron asesinados doce periodistas, pero el régimen ve en el fin de su impunidad la mayor amenaza, su más grande riesgo, y de manera totalmente irresponsable transfiere poderes civiles hacia las Fuerzas Armadas —la cleptocracia requiere de defensa contra la indignación civil.
La administración de EPN está en flagrante violación del Artículo 134 constitucional, que a la letra dice: ‘Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos’.
José Antonio Meade representa al sistema político agotado. No investigará los latrocinios de quienes lo instalaron en la candidatura priísta. Evade su propia responsabilidad.
Andrés Manuel López Obrador ofrece perdón a priístas que renuncien a su partido y se arrepientan del mal que han hecho.
Ricardo Anaya promete terminar con el pacto de impunidad.
El fin del pacto de impunidad no depende de un solo hombre. Las verdaderas transformaciones sólo puedensurgirdeunasociedadinformada, consciente, organizada y movilizada. PD. Saludo la victoria de Enrique Cárdenas Sánchez el TEPJF quitó candado de firmas de apoyo en su búsqueda de precandidatura independiente a la gubernatura de Puebla.