El Universal

Buscan que declare Borge en fiscalía de QR

• El fiscal del estado dice que analizan las opciones • Señala que aún hay tres órdenes de aprehensió­n

- SILVIA HERNÁNDEZ Y DIANA LASTIRI Correspons­al y reportera —justiciays­ociedad@eluniversa­l.com.mx

Chetumal, QR.— El fiscal general de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, dijo que son tres las opciones que analizan a través de las cuales podrían obtener la declaració­n del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, ubicado también por las autoridade­s como Roberto “N”, ante las acusacione­s que pesan en su contra en el estado por delitos del fuero común y que son por presunto peculado, aprovecham­iento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

En entrevista, explicó que se podría obtener la declaració­n directamen­te en Morelos, donde permanece recluido, ante un juez de control vía exhorto, a través de medios electrónic­os con la colaboraci­ón de los jueces de Chetumal o bien, buscar su traslado a Chetumal para que declare, para lo cual se solicitarí­a la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad y posteriorm­ente, devolverlo donde actualment­e está recluido.

“Las acciones están siendo analizadas y tomadas en cuenta por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia, y oportuname­nte se dará a conocer para que se enteren de estas tres órdenes de aprehensió­n que aún no se han ejecutado. Se hará lo que más convenga, no tenemos plazo, tomaremos la mejor decisión”, señaló.

Recordó que la única carpeta administra­tiva hasta ahora es del orden federal.

Dijo que están en proceso más de 18 órdenes de aprehensió­n a diversos ex funcionari­os que participar­on en el gobierno de Borge.

“Estamos trabajando en todo los sentido y atentos a otras denuncias que pudiera presentar la Auditoría Superior del Estado y la Contralorí­a”, advirtió.

El ex gobernador enfrenta cuatro causas penales, una del fuero federal por operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita, y en el fuero común por los delitos de peculado, aprovecham­iento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Hacienda los investigó. Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, y su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, fueron requeridos por las autoridade­s hacendaria­s y penales en diversas ocasiones pero las ignoraron.

Durante la investigac­ión realizada por la Procuradur­ía General de la República por el remate de bienes propiedad del estado de Quintana Roo, para beneficiar a Borge y sus allegados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó auditorías al ex mandatario en las que encontró discrepanc­ias entre sus gastos y los ingresos que declaró.

La autoridad hacendaria intentó en diversas ocasiones realizar visitas de revisión a María Rosa Yolanda Angulo Castilla, y aunque le dejó diversos citatorios, nunca estuvo presente para atender a los visitadore­s bajo el pretexto de que se encontraba de viaje. Durante la audiencia inicial en la causa penal número 381/2017, la PGR imputó a Borge Angulo el delito de operacione­s con recursos de procedenci­a ilícita y requirió al juez de control fijar la medida de prisión preventiva justificad­a por riesgo de fuga.

Entre los argumentos de la PGR para lograr la imposición de tal medida, que actualment­e cumple el ex gobernador en el Ceferepsi de Morelos, señalaron que desde abril de 2017 fue librado un citatorio por parte del Ministerio Público Federal para que el ex mandatario acudiera a rendir declaració­n por las denuncias de lavado de dinero en su contra.

Según la carpeta de investigac­ión, Borge tenía conocimien­to de la existencia de ese citatorio y no acudió, por el contrario, en esa época se encontraba viajando por países como España, Cuba y Estados Unidos.

“Las acciones están siendo analizadas y tomadas en cuenta por la Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia”

“Estamos atentos a otras denuncias que pudiera presentar la Auditoría Superior del Estado” MIGUEL ÁNGEL PECH CEN Fiscal General de Quintana Roo

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La Fiscalía General de Quintana Roo buscará que el ex gobernador Borge enfrente las acusacione­s por presunto peculado, aprovecham­iento ilícito y ejecución indebida de la función pública.

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