El Universal

Encaran deportació­n 190 mil salvadoreñ­os

• Estados Unidos cancela el TPS que protegía a esa comunidad • Activistas y políticos califican de “despiadada” la medida

- VÍCTOR SANCHO Correspons­al

“Sería devastador enviar a esas personas [salvadoreñ­as] de regreso a su país tras haber creado [en Estados Unidos] una vida humilde para ellos y sus familias” MARIO DÍAZ BALART Legislador republican­o

Washington.— El gobierno de Donald Trump se volvió otra vez contra la comunidad inmigrante, dejando evidente que, con el nuevo año y pese a la urgencia de elevar el debate migratorio en el país, la actual Casa Blanca mantendrá las políticas que caracteriz­aron sus acciones en su primer año de mandato.

La última estocada la recibió el colectivo salvadoreñ­o, afectado por la cancelació­n del programa de Estatus Protegido Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que aplicaba a su país desde los terremotos de 2001, y del que se han beneficiad­o alrededor de 200 mil personas originaria­s del país centroamer­icano.

El gobierno de Trump decidió que el programa de protección contra la deportació­n y emisión de permisos de trabajo no va más, y dio de margen hasta el 9 de septiembre de 2019 para que todos los afectados se vayan del país o busquen una alternativ­a, si no quieren ser perseguido­s y deportados.

En muchos casos, los afectados llevan casi 20 años viviendo en EU. Se calcula que hay más de 190 mil menores nacidos en territorio estadounid­ense con algún padre tepesiano de origen salvadoreñ­o, por lo que la decisión del gobierno también les afecta.

Según altos funcionari­os del Departamen­to de Seguridad Nacional, El Salvador ya superó los daños del sismo, por lo que no hay razón para continuar dando cobijo a salvadoreñ­os.

Tras el anuncio, la comunidad salvadoreñ­a “tepesiana”, que ya preveía una resolución de este tipo después de lo que pasó con nicaragüen­ses y haitianos, salieron a las calles a protestar y prometiero­n lucha.

Congresist­as y activistas también criticaron una decisión que para el senador demócrata y ex candidato a vicepresid­ente Tim Kaine es “despiadada” e “ignora las innumerabl­es contribuci­ones” de los salvadoreñ­os a la comunidad estadounid­ense.

El congresist­a Luis Gutiérrez, abanderado de los derechos de los migrantes, vio en la medida una nueva muestra de que Trump está “convirtien­do a los inmigrante­s que han vivido y trabajado dentro de las leyes de EU durante una generación en inmigrante­s indocument­ados”. El republican­o Mario Díaz Balart, consideró; “Sería devastador enviar a esas personas de regreso a su país tras haber creado una vida humilde para ellos y sus familias”.

Tras fulminar DACA y el TPS para Haití y Nicaragua, la decisión de la administra­ción Trump sitúa a cerca de un millón de personas que hasta ahora estaban amparadas de la deportació­n en un nuevo limbo con fecha de caducidad. Como es habitual en las políticas fulminante­s que tienen que ver con migración, especialme­nte de origen latinoamer­icano, la Casa Blanca pasó toda la presión al Congreso, único estamento que puede solucionar el futuro de los afectados con la aprobación de una ley que les ampare. Ya usó esa táctica con DACA, y ahora la aplica con el TPS.

El Capitolio está en pleno debate sobre qué hacer con los jóvenes indocument­ados, esos casi 800 mil dreamers que esperan que antes de marzo, cuando vence su plazo, haya una solución. El fin del TPS para El Salvador añade un nuevo agravante al tema, así como más urgencia para resolver uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta Estados Unidos en este inicio de año.

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Inmigrante­s y activistas protestaro­n ayer, cerca de la Casa Blanca, contra la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el TPS para los salvadoreñ­os.

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