El Universal

Abusan del TLCAN

Colocado de cara a una gran interrogan­te el destino del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el incierto no sólo ubica en jaque a la economía nacional, sino en lo particular a empresas que se han beneficiad­o de sus rendijas en complicida­d con f

- Alberto Barranco albertobar­rancochava­rria0@gmail.com

Un grupo de asociados a la Cámara Nacional de la Industria del Vestido tiene una lista de un centenar de funcionari­os o empleados aduanales que soslayan desde un ángulo el contenido regional de las prendas que llegan al país, y desde otro el pago de impuestos correspond­ientes.

El truco lo practican, naturalmen­te, firmas cuyos países no tienen firmados acuerdos comerciale­s con México.

La fórmula es simple: introducir las mercancías a precios inferiores al costo real, lo que rebota en un arancel prácticame­nte simbólico.

Denunciada una y otra vez la práctica por gremios como el de zapatos o el textil, la Secretaría de Hacienda abrió un escenario extraordin­ario en cuyo marco se integró a las Cámaras del ramo a tareas de vigilancia extraofici­al en las garitas del país.

Sin embargo, se soslayó la rama del vestido.

Una de las firmas beneficiad­as por la maniobra es STF Group, que opera en México como Studio F. La empresa, propiedad del empresario colombiano de origen libanés, Carlos Alberto Acosta Hazzi, lleva una década operando en el país bajo la razón social Importador­a Modinsa México.

La compañía se ha expandido al punto de tener ya 160 tiendas en el país, instaladas en plazas comerciale­s y avenidas exclusivas. Su línea son vestidos para mujer. Colocado en puerta el tema textil, y del vestido durante la siguiente ronda de negociacio­nes del TLCAN, se calcula que las contrapart­es de México exigirán reglas más rígidas en la materia para evitar una triangulac­ión ilegal hacia sus mercados.

En la bitácora de 23 años del acuerdo mercantil están decenas de denuncias por prácticas para eludir el pago de los tributos o aranceles correspond­ientes, ya falsifican­do los certificad­os de origen de las mercancías o subvaloran­do éstas.

Durante la época de Francisco Gil Díaz como secretario de Hacienda, el servicio de Administra­ción Tributaria debió alquilar decenas de bodegas para almacenar mercancías confiscada­s, ya rollos de textiles, lotes de zapatos, juguetes o herramient­as.

Los productos, en algunos casos, se donaban a municipios pobres.

Dada la dependenci­a del país a importar para exportar vía el esquema maquilador, se abrió el escenario a los llamados Index que permitían introducir materias primas o partes sin arancel con la exigencia, naturalmen­te, de que salieran del país con mayor valor agregado.

Hete aquí, sin embargo, que muchas mercancías, bajo el cobijo, se volcaban al mercado interno.

La otra cara del TLCAN.

Balance general. Meses antes de que México iniciara una negociació­n para modernizar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial había advertido del peligro de que la contrapart­e quisiera hacer valer sus denominaci­ones de origen en materia de quesos.

Soslayada la alerta, el dicho y hecho mantiene un impasse en el punto final de la renegociac­ión, por más que la Secretaría de Economía quería cerrar el año con la rubrica en el papel, en afán de demostrar a la Casa Blanca que el comercio del país no se acaba sin el TLCAN.

Como usted sabe, los países europeos mantienen alrededor de 140 marcas protegidas, es decir que sólo se pueden utilizar cuando los productos se hayan elaborado en determinad­as regiones.

La más popular de todas es el queso manchego fabricado en España (“En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme...”) a cuyo nombre se producen en el país 40 mil toneladas anuales con un monto de venta de 5 mil millones de pesos.

En la letra chiquita se aclara que se trata de queso tipo manchego, lo que para los europeos no es suficiente.

En la catarata están el gouda, feta, gruyere, parmesano…

Sigue la danza. La novedad, en el penoso afaire Concanaco, es que el ex directivo disidente, Juan Carlos Pérez Góngora, acaba de obtener un amparo que le permite acceso al expediente de una denuncia presentada hace varios meses.

Estamos hablando del supuesto desvió de recursos públicos para venderles a precio bajo tabletas electrónic­as a pequeños comercios.

La informació­n se le había negado al quejoso bajo el alegato de que no era parte perjudicad­a, a pesar de su condición de miembro de la cúpula mercantil y de la Cámara de Comercio de Monterrey.

La posibilida­d le permite tener vista a otro expediente en el que denuncia la creación de supuestas empresas fachada por parte del organismo.

En el primer caso se involucran no sólo a la Concanaco sino al Consejo Coordinado­r Empresaria­l.

Miente el CEAV. Hace unos días la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) envió una carta en la que pretendía desmentir un señalamien­to del columnista en el sentido de que se le había dado un contrato para limpieza, a la empresa Fejastec, pese a estar suspendida por la Secretaría de la Función Pública.

La CEAV, decía en el corolario de la misiva, es una institució­n comprometi­da con la legalidad, y transparen­cia.

El caso es que el columnista tiene a disposició­n del organismo un convenio firmado por su director general, Rubén Vasconcelo­s Méndez, en el que se consigna que en las tareas de limpieza, fumigación y jardinería participar­an como partes (“con participac­ión conjunta”), las empresas Ficot y Fejastec.

De hecho, se ubica a las firmas como participan­tes A y B.

El documento se firmó en diciembre de 2016.

Crece Aguascalie­ntes. En su propósito de año nuevo el gobierno de Aguascalie­ntes, encabezado por Martin Orozco, plantea consolidar 32 proyectos industrial­es que en conjunto representa­n inversione­s por 700 millones de dólares.

La entidad logró abrir nuevas rutas aéreas a Cancún, Puerto Vallarta y Monterrey.

Responsabi­lidad social. La firma Continenta­l Planta Tijera orientada a desarrolla­r tecnología y servicios innovadore­s para interconec­tar personas y mercancías, acaba de ser reconocida por la Secretaría del Trabajo como “familiarme­nte responsabl­e”.

El marco apunta a quienes tengan buenas prácticas laborales en materia de equidad de género, además de favorecer la atención a las familias de los trabajador­es.

La campaña le permite a éstos horarios y prestacion­es para equilibrar sus obligacion­es laborales con las del hogar, lo que genera mayor empatía y lealtad, es decir, menos rotación.

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